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La Contraloría General de la República anunció que le hará seguimiento ha toda la contratación que han realizado desde el año 2014 a las cuatro firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de más $70 millones que recibió para llevar internet a zonas rurales del país.
Así mismo el ente de control declaró el escándalo como de impacto nacional, según el ente de control, los contratos con entidades del Estado estarían avaluados en más de un billón de pesos. Entre las empresas se encuentran Intec, Omega, ICM y Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería y seguridad en Innovación (Funtics).
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"El Despacho del Contralor General de la República, con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 'por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica', adoptó la decisión de Declarar de Impacto Nacional los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados", señaló la Contraloría.
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Cabe mencionar que antes de firmar con Centros Poblados, Funtics, haciendo parte de la Unión Temporal Conexión Caribe ganó un contrato también con el Ministerio TIC, a través de la modalidad de selección abreviada el 27 de diciembre de 2019 por un monto de 25 mil millones de pesos para instalar y prestar el servicio de internet en departamentos como el Cesar.
En este caso, el contrato que terminará en un año, en agosto de 2022, también ha presentado problemas por las quejas de los usuarios ante la mala calidad de prestación del servicio.
