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Ante la Corte Constitucional en medio de una audiencia pública por una demanda contra la ley de víctimas que busca extender su vigencia en el tiempo, el contralor Felipe Córdoba señaló que de aquí al 2021 el Estado se gastaría 115 billones de pesos para reparar a cerca de ocho millones de víctimas del conflicto armado.
“Los efectos específicos en la implementación del acuerdo de paz y los derechos de víctimas en caso de que se pierda la vigencia de la ley, es clave establecer que existe un alto número de población víctima pendiente de atención frente a las medidas de reparación integral”, dijo.
En ese sentido, el Contralor dijo que actualmente, hay cerca de 764 mil hogares pendientes de indemnización administrativa, cerca de un millón de hogares víctimas de desplazamiento pendientes de reparación y por lo menos 43.322 personas víctimas de desplazamiento forzado que no han recibido ningún tipo de indemnización.
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También señaló que por delitos como homicidio y secuestro, aún faltan por reparar 197 mil 449 personas y 16 mil 820 víctimas respectivamente.
“Es necesario definir cuál es la ruta de atención a la población víctima y el alcance de estas medidas y metas para dicha reparación integral a fin de que la población víctima pueda superar su condición de vulnerabilidad y sea reparada”, señaló.
Durante la audiencia pública también habló el viceprocurador Juan Carlos Cortes, quien solicitó a la Corte ampliar la vigencia de la ley para lograr una reparación integral de las víctimas.
Por su parte, Juanita Goebertus Estrada de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, dijo que la responsabilidad histórica del Estado con el país y las víctimas, es “garantizar que durante el tiempo que sea necesario se pueda responder en términos de reparación".
"Pretender indemnizar a todas las víctimas al ritmo que venimos nos tomaría 62 años. Lo más preocupante es que el proceso de reparación de las víctimas en este gobierno se ha ralentizado”, advirtió
El senador Roy Barreras dijo: "Ruego a la Corte Constitucional que sea ésta la que proteja la ley, el marco constitucional y las víctimas declarando inconstitucional la norma”, haciendo referencia a lo pactado en los acuerdos de paz con las Farc.
