La FM en Google News
Para el órgano de control y vigilancia, este es "otro ataque a las facultades que tiene la Contraloría, para que no se hagan extensivas a algunos servidores públicos las inhabilidades que actualmente aplican para quienes son incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, por tener un fallo fiscal en su contra y no haber respondido por tal obligación".
Este escenario de "impunidad fiscal", como lo cataloga la Contraloría, podría darse si prospera una acción de inconstitucionalidad que un ciudadano presentó contra los artículos de la ley 610 del Estatuto Disciplinario que es el encargado de velar porque se hagan efectivas estos mecanismos fiscales.
“Se entabló esta demanda con una interpretación contraria a los principios de la igualdad material y de los postulados de la ética pública que, de prosperar, conduciría a la impunidad absoluta en materia fiscal”, advirtió por su parte, el Contralor Edgardo Maya Villazón.
Para la Contraloría, "dar cabida a la interpretación del demandante constituye un fraude a la ética pública y a la tarea encomendada por la Constitución de velar porque el funcionario público actúe con sujeción a los principios de legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos".
-Otros ataques -
Además, el contralor Maya afirmó que con ocasión de fallos con responsabilidad fiscal de especial transcendencia social proferidos por la Contraloría, "se han generado acciones de diversa índole que, sin perjuicio del derecho de defensa, llevan una tendencia gravemente preocupante porque en últimas conducirían a suprimir los poderes que la Constitución".
Recordó que en la Sentencia C-103 de 2015, se suprimió el control de advertencia que en el pasado reciente, le permitió a la Contraloría impedir la consolidación de daños al patrimonio del Estado.
Por otra parte, añadió, se ha utilizado la figura de la reorganización empresarial y de la liquidación de entidades, como medio para sustraer o eludir los efectos de los fallos con responsabilidad fiscal.
-Caso-
Un caso relevante es el de la firma Conalvías, que ha logrado hasta ahora liberarse del fallo de responsabilidad fiscal que le obliga a pagar $173.908 millones por los sobrecostos de las obras de Transmilenio de la calle 26.
“Frente a estas decisiones, estamos evaluando las acciones que deben tomarse y ejercerse en Derecho, para la defensa del interés”, concluyó Maya Villazón.
