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La situación genera graves afectaciones ambientales y notorias deficiencias en la actividad sancionatoria que ejerce la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó).
Los auditores recogieron información en 9 de los 30 municipios de este departamento: Quibdó, Rio Quito, Cantón de San Pablo, Tadó, Unión Panamericana, Lloró, Nóvita y rio Iró, respecto a las tareas de monitoreo, control y seguimiento ambiental a las actividades mineras en la vigencia 2016.
Los municipios citados reportan la presencia de actividad minera en sus territorios, desarrollada por 377 entables mineros equipados con 63 retroexcavadoras, 172 dragas de succión, 48 dragones y 276 motobombas, los cuales desarrollan explotaciones mineras sin los respectivos permisos ambientales.
La Contraloría determinó que, aparte de la deficiente labor de vigilancia de Codechocó, hay incumplimiento del artículo 306 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) por parte de los alcaldes municipales, debido a que estos mandatarios no proceden a suspender la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional que se desarrolla en su territorio, pese a ser un hecho notorio.
De igual manera, el organismo de control evidenció que la explotación minera ilegal en el departamento del Chocó ha generado una contaminación indiscriminada de las fuentes hídricas por sólidos suspendidos y sustancia toxicas (mercurio o cianuro), contaminación y desforestación de los suelos o terrenos de los municipios; sedimentación de los cauces de los ríos; y destrucción de la flora y fauna silvestre.
