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La Contraloría dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $1.614 millones en contra del exalcalde y exsecretaria de Educación de Uribia, y 11 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayúu relacionados con presuntos sobrecostos en el pago de cada ración alimenticia.
El presunto daño patrimonial, de acuerdo con la Contraloría, se registró también por el pago injustificado de costos operativos relacionados con el transporte de los alimentos.
Este es el primer proceso fiscal que abre el organismo de control tras las inconsistencias que determinó una Actuación Especial de Fiscalización sobre el PAE en los 7 departamentos de la Región Caribe, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, y donde se evaluó en concreto la ejecución con recursos del Sistema General de Participaciones y otros del orden nacional
Asimismo, la Contraloría informó que los fundamentos que dan origen a este proceso están relacionados con los dos convenios suscritos con cada una de las asociaciones durante la vigencia 2014.
De acuerdo con la información del ente, cada convenio se determinaba a un semestre; sin embargo, del primer semestre al segundo semestre aumentó el valor de la ración en desayuno en mínimo $150 pesos sin que se evidencie justificación técnica de este aumento, ni mejora en la minuta patrón de alimentos a entregar.
Las mismas irregularidades se presentaron durante la ejecución del programa en la vigencia 2015, en la que el municipio de Uribia reconoce a los operadores (asociaciones autoridades Wayúu) un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a $534.004.612.
Finalmente, la Contraloría señaló que "es claro que en el presente caso se pagó por parte del municipio de Uribia un costo en exceso por cada ración de complemento alimentario dentro de los contratos bajo examen para las vigencias 2014 y 2015, lo cual se constituye en el daño al patrimonio del Estado".
