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Durante un evento académico, organizado por la Universidad Javeriana, el jefe del organismo de control propuso que las empresas que se vean involucradas en hechos de corrupción, como Obedrecht, deben ser expulsadas del país.
Para Maya Villazón, es necesario que en el país se dé un ejemplo de verticalidad en contra de estos hechos de corrupción que terminan por afectar no sólo la imagen del país sino también algunos sectores económicos con el caso de la infraestructura.
"Hay funcionarios ya confesos que han recibido sobornos por lo que hay que tomar una determinación total y no comenzar con las consideraciones si se paraliza la obra si tienen unas consecuencias que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase pero hay que tomar una determinación en cuanto a este tema de la corrupción", afirmó.
Indicó que por ahora sólo se han tomado paños de agua tibia para contrarrestar la corrupción ya que todavía se tiene el pensamiento "de que pese a que la empresa está inmersa en actos de corrupción de necesario que es la misma empresa termine la obra".
La declaración del Contralor General de la República se da en momentos en que un tribunal de Cundinamarca confirmó el proceso de embargo contra la constructora brasileña por 191.000 millones de pesos.
Según dicho tribunal, la empresa solamente puede pagar impuestos, algunos servicios y la nómina de sus empleados.
El organismo de control adelanta desde hace cerca de dos meses una auditoría a las cuentas del Banco Agrario para determinar si hubo regularidades en el proceso de préstamo al consorcio Navelena de 120.000 millones de pesos para que se adelantara el proyecto de navegabilidad por el río Magdalena.
La empresa Odebrecht es dueña de más del 80% del capital accionario de Navelena.
Esta auditoría buscará además desmadejar el capítulo de compra de libranzas a la firma Estraval.
"En el caso Odebrecht, el daño fiscal se pudo derivar del estudio del riesgo en el otorgamiento del crédito, en el proceso de aprobación del mismo, en los desembolsos y en la constitución y efectividad de las garantías", señaló organismo.
Por tanto, la Contraloría verificará cuáles son las opciones reales que se tienen de recuperar los dineros prestados a la empresa Navelena y "la posible responsabilidad que pueden tener funcionarios del Banco y particulares comprometidos en la operación".
Reveló que a la fecha no ha sido pagado el capital ni los intereses del préstamo, que ascienden a la suma de $133.974 millones.
Así mismo, señaló que el Banco "ha realizado requerimientos al deudor sin que a la fecha se dé una recuperación efectiva".
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