La FM en Google News
Durante la presentación de un informe sobre la gestión del uso de estos millonarios recursos, Maya Villazón señaló que, "es necesario escoger entre el concreto y la educación a la hora de destimar los recursos".
Sin embargo, manifestó que es válida la argumentación del Gobierno, en la medida en que la lentitud en la financiación de los proyectos y el uso de los recursos para ciencia tecnología, ha hecho que queden saldos muy grandes que no han sido debidamente invertidos.
"Hay lentitud en el proceso de aprobación de los proyectos como en la ejecución de los mismos también por el mal uso de estos recursos", sostuvo.
Y es que según el informe de la Contraloría, hay varios factores de riesgo en el proceso de inversión de estos recursos, entre ellos, por ejemplo, que hay instituciones no reconocidas por Colciencias que están manejando contratos por $600.000 millones y se han otorgado becas en universidades de calidad media o baja, por $35.000 millones.
"Una buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología son ejecutados por contratistas poco idóneos y no responden a necesidades puntuales de las regiones", señala el informe.
Así mismo, la auditoría revisó con lupa 33 proyectos por 380.000 millones de pesos y evidenció que en cinco de ellos, por $76.000 millones, no es clara su pertinencia como de ciencia tecnología y su alcance fue modificado a lo largo de su ejecución.
Incluso, reveló la Contraloría, en el caso del uso de las regalías en departamentos con el Cauca, estos recursos fueron utilizados para la construcción de un asadero de pollos y no para fortalecer las capacidades tecnológicas de la región.
Finalmente, se puso como ejemplo una auditoría realizada en el departamento de Córdoba en el que se encontraron hallazgos por 30 mil millones de pesos en 10 proyectos de ciencia y tecnología que resultaron subcontratados y muy lejos del fin para el cual iban a desarrollarse.
El gobierno busca invertir saldos por 1.5 billones de pesos de las regalías que se invierten en ciencia tecnología para la construcción de vías terciarias en la fase del posconflicto.
Para ello presentará un acto legislativo que deberá ser aprobado por el Congreso de la República.
