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Tres días después de la presentación del informe de la Misión de la ONU en Colombia sobre la implementación del Acuerdo de Paz, el Consejo de Seguridad de ese organismo emitió un comunicado en el que, una vez más, expresó su apoyo pleno al proceso de paz y a que todas las partes involucradas sigan cumpliendo sus compromisos con las víctimas del conflicto.
Como lo hicieron todos los países en la sesión del Consejo de Seguridad del pasado 13 de julio, se destacaron avances importantes como "la respuesta brindada por exmiembros de las FARC-EP a la acusación por secuestros emitida por la JEP", algo que consideraron como pieza importante en "una fase clave para el proceso de paz" y por eso pidieron nuevamente que se siga cumpliendo a las víctimas con la verdad.
Sin embargo, a pesar del apoyo constante a la implementación de lo pactado, el Consejo de Seguridad también volvió a transmitir su preocupación por la violencia en el país y "las amenazas, ataques y asesinatos persistentes contra líderes comunitarios y sociales, incluidas mujeres lideresas y de comunidades indígenas y afrocolombianas, así como exmiembros de las FARC-EP quienes dejaron las armas como participantes en el proceso de paz".
En este punto en particular, el comunicado indica el "deseo de ver la pronta implementación de la política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales", así como el fortalecimiento de otros programas con enfoque de género y en el que se involucre además a la juventud.
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Violencia en el paro nacional
Aunque en la sesión presencial en Nueva York, la canciller Marta Lucía Ramírez no compartió el hecho de que los miembros del Consejo se refirieran a las protestas recientes en Colombia, porque dijo que no tenían nada que ver con el acuerdo de paz, y que tampoco se originaron por incumplimientos a lo pactado, el comunicado de este viernes del Consejo de Seguridad se refiere nuevamente a esa situación.
En el texto lamentan "la reciente violencia ocurrida en el contexto de las protestas a nivel nacional y expresaron sus condolencias por la pérdida de vidas".
Se sumaron además a los llamados a "la no violencia, el respeto de los derechos humanos y la resolución de diferencias a través del diálogo pacífico e inclusivo".
Finalmente, acogieron que el Gobierno colombiano se hubiera comprometido a "realizar investigaciones transparentes sobre los reportes de uso desproporcionado de la fuerza y de asegurar que los responsables rindan cuentas".
