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En momentos en que se espera, dentro de pocas semanas, la firma final de un acuerdo de paz con las Farc, llegó la noticia -altamente sorprendente para el Gobierno Nacional y para el Congreso del ‘posconflicto’- de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había aceptado estudiar una tutela instaurada en contra del proceso de paz.
Sorprendente, según palabras del propio presidente del legislativo, Mauricio Lizcano del partido de La U, quien advirtió que el solo hecho de haber aceptado estudiar esta petición envía un muy mal mensaje al país y rechazó tajantemente que el proceso de estudio en contra de los acuerdos haya iniciado.
“Es un mal precedente. Son dardos que le llegan al proceso de paz. Esperamos que esa tutela sea negada pero el solo hecho de que la admitan manda un mal mensaje para el país”, dijo el senador de La U al advertir que el derecho a la paz es un derecho de rango constitucional.
El congresista espera que, de cara a un escenario de posconflicto, no se venga una avalancha de tutelas en el país y que los jueces y magistrados encargados de recibir estas demandas sean “conscientes de la decisión que están tomando”, puntualizó Lizcano.
Cabe recordar que la tutela fue interpuesta por el ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta, primero en el Consejo de Estado y, ahora, en el Tribunal de Cundinamarca, cuyas pretensiones llegaron a pedir que se suspendiera el proceso de paz mientras le respondían su acción judicial.
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