Comisión Interamericana de DD.HH. condena matanza en el Catatumbo

Según la CIDH, la situación también ha generado el desplazamiento de miles de personas hacia la provincia de Ocaña y la ciudad de Cúcuta.
La región del Catatumbo ha sufrido varios episodios de violencia.
La región del Catatumbo ha sufrido varios episodios de violencia. Crédito: Colprensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves "la muerte violenta" de nueve personas a finales del mes de julio en el municipio de El Tarra, donde un grupo armado, cuya identidad aún se desconoce, irrumpió a tiros en un establecimiento comercial.

Entre las víctimas ya identificadas se encuentran Frederman Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Km 48, y dos excombatientes desmovilizados de las Farc, apuntó la CIDH en un comunicado.

"También se reportó extraoficialmente que raspadores de hoja de coca que formarían parte de programas de sustitución de los cultivos ilícitos, un transeúnte y una mujer que trabajaba en el establecimiento, figuran entre las personas abatidas", agregó.

Al respecto, el relator para Colombia y para las personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, Francisco Eguiguren, aseguró que "estos graves hechos de violencia deben ser investigados prontamente y de manera exhaustiva a fin de sancionar a los responsables y que no queden en la impunidad".

En esta región, conocida como el Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, hace más de cuatro meses que se vive una situación crítica por el enfrentamiento entre diversos grupos armados.

Según la CIDH, esta situación ha generado el desplazamiento de miles de personas hacia la provincia de Ocaña y la ciudad de Cúcuta.

"Asimismo, se ha reportado que en los municipios vecinos de Teorama y Hacarí, desde hace quince días, decenas de menores de edad no asisten a sus escuelas por los fuertes combates entre las guerrillas que operan en la zona", denunció el organismo.

La Comisión condenó todo tipo de actos de violencia, como aquellos que generan desplazamiento e impiden el ejercicio de los derechos humanos e instó al Estado a adoptar medidas eficaces para que se garantice la seguridad ciudadana en la región.

"La Comisión ya ha expresado su alarma sobre los asesinatos de personas defensoras que desempeñaban acciones para la implementación del Acuerdo de Paz y condena aquellos ataques cometidos contra líderes sociales, que generan amedrentamiento y obstaculizan, de algún modo, la implementación del Acuerdo de Paz", reiteró.


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