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La Contraloría General de la República inició el proceso para castigar fiscalmente a los responsables del escándalo por las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En este caso el turno fue para el exalcalde de Puerto Wilches, Santander, Germán Hernando Durán Caicedo, a quien le fue proferido un fallo de responsabilidad fiscal, por $65 millones 325 mil pesos.
Esto por el detrimento patrimonial en la ejecución de un convenio, celebrado el 16 de octubre de 2015 por la Alcaldía de Puerto Wilches, con la Corporación Humana Integral de Relaciones Artísticas y Sociales Corpochurias, por $251.863.600, que tenía por objeto apoyar proyectos generales de seguridad alimentaria y nutrición en la compensación en alimentación escolar en este municipio.
Según el organismo, "en virtud de tal convenio, se debían suministrar 94.000 apoyos en complementación alimentaria, en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 25 de noviembre de 2015".
Sin embargo, indicó la Contraloría, "se presentaron entregas certificadas con firma de rectores o docentes de las Instituciones Educativas solo de 70.250 complementos alimentarios, lo cual significa que se dejaron de entregar 23.750, y aun así se canceló al contratista la totalidad de las raciones contratadas".
Según el propio organismo de control, estas irregularidades en el plan de alimentación escolar fueron descubiertas en por lo menos 16 de los 32 departamentos del país.
Propuesta
Por su parte, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, propuso convertir el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en una verdadera política pública de Estado, con metas no sólo en el corto y mediano, sino en el largo plazo.
“El PAE no puede seguir siendo un simple programa de Gobierno orientado a la permanencia educativa”, subrayó Maya Villazón, al tiempo que consideró que acudir a esta opción va a permitir que se superen todas las dificultades que ha mostrado en materia de ejecución, seguimiento y control, financiación, cobertura e impacto.
Para el Contralor, el Programa de Alimentación Escolar debe aportar objetivos y acciones concretas de mejoramiento para la realización de los derechos de la infancia y adolescencia del país, en el ámbito educativo.
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