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La carta integra:
"Bogotá, 20 de enero de 2017
Rector Pablo Navas Sanz de Santamaría
Universidad de Los Andes
C.C. Señor Fabio Fernet Gaona
Jefe de Servicios y Relaciones Laborales
Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Institucional
Universidad de Los Andes
Rector Pablo Navas:
Hace siete años me incorporé a la planta profesoral del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. En este período, como prueban mis evaluaciones oficiales de desempeño y las evaluaciones que los estudiantes han hecho de mis cursos, he realizado mi trabajo docente con excelencia, he hecho importantes contribuciones al desarrollo de mi departamento y he publicado una cantidad significativa de obras, cumpliendo así a cabalidad con mis funciones en todos los campos del quehacer académico que la universidad contempla. En la Universidad de los Andes puse en práctica el conocimiento adquirido durante catorce años de preparación académica y experiencia laboral en el exterior, a donde viajé inmediatamente después de graduarme como filósofa de Los Andes. Al servicio de esta institución he puesto la mejor parte de mi tiempo, mi entusiasmo y mi conocimiento, no solo desde el momento de mi incorporación laboral, sino aun desde mucho antes de ese momento.
El semestre pasado denuncié en mi muro de Facebook el acoso virtual que, con base en mi condición de mujer, lanzara contra mí el grupo Los Chompos, en el que, como es de conocimiento público, participan estudiantes de la Universidad de Los Andes, y cuya actividad, dedicada al matoneo de personas por su procedencia social, su procedencia étnica, su sexo y su orientación sexual, es de sobra conocida por el país entero. A continuación me quejé, también en mi muro de Facebook, de la reticencia del rector a pronunciarse contundentemente contra ese grupo y a manifestar explícitamente su apoyo a mí, una mujer de la comunidad uniandina que estaba siendo acosada y amenazada.
En ejercicio de mi derecho al disenso y a la opinión, hice duras críticas a la universidad sobre diversos aspectos, en una entrevista radial y en mi muro de Facebook. Ya con anterioridad, desde hacía varios años, yo había criticado algunas políticas de la universidad en Facebook y en asambleas en presencia del rector, sin que por ello se me hubiera reconvenido —salvo en una reunión de los profesores de Humanidades, celebrada en el segundo semestre de 2015, en la que el rector Pablo Navas advirtió, tras escuchar mis cuestionamientos, que quienes no estábamos de acuerdo con las políticas de la universidad podíamos irnos de ella—. En retaliación a mis críticas expresadas en el contexto del acoso virtual de Los Chompos, el rector Pablo Navas (en una carta enviada a todos los estudiantes y posteriormente a todos los profesores de la universidad), y después de él, y haciendo eco de su mensaje, algunos de mis colegas, hicieron afirmaciones sobre mí que lesionaban mi buen nombre y me presentaban como un miembro indeseable de la comunidad uniandina y, por tanto, me deslegitimaban ante mis estudiantes. La universidad procedió entonces a decidir mi despido a pocos días de renovado mi contrato de trabajo. Para ello no siguió el debido proceso al que yo tenía derecho según el estatuto de la institución.
En un comunicado que reprodujeron varios medios de comunicación, la universidad dijo que “el detonante para iniciar el proceso disciplinario en cuestión tuvo que ver con múltiples denuncias y quejas por parte de miembros de la comunidad académica (estudiantes, profesores y egresados)”, cuando había recibido y adjuntado a mi expediente disciplinario quejas sobre mis declaraciones procedentes de solo catorce miembros (un solo estudiante, que por cierto nunca había sido mi alumno; dos egresados, que tampoco, y once profesores, que jamás asistieron a una clase mía) de una comunidad de miles. Dijo también que “la profesora Sanín afectó la convivencia entre los miembros de la comunidad (estudiantes, profesores y egresados)”, sin describir en qué había consistido, efectivamente, esa afectación. En el punto más infamante de su comunicado, llegó a lanzar el temerario disparate de “la preferencia de la profesora en (sic) la ocurrencia de actos inadecuados y violentos por parte de los estudiantes”.
A pesar de que un considerable número de estudiantes y egresados que tomaron clase conmigo dieron a continuación fe de mi probidad por medio de una carta con la que me respaldaban y deploraban la actuación de la universidad, y a pesar de que varios profesores se manifestaron también en mi defensa, la universidad se mantuvo en su decisión de despido hasta que un juez de la república, tutelando mis derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y al trabajo, ordenó el pasado 16 de enero dejar sin efecto la decisión de terminación de mi contrato laboral. Con ello, el juez fallaba a mi favor sobre una acción de tutela interpuesta por mí.
Ahora bien; las afirmaciones que hizo la universidad en su contestación a dicha acción de tutela, en las que porfía en que soy un mal ejemplo para los estudiantes y poco menos que un peligro para la comunidad, sumadas al maltrato que la misma universidad me propinó al despedirme sin el debido proceso, y a las declaraciones difamatorias que hizo sobre mí a los medios y con las que propició la destrucción de mi persona pública, me demuestran de manera insoslayable que continuar en mi cargo implicaría trabajar en un ambiente de insoportable hostilidad. A lo largo de este proceso, mi empleador ha insistido en desconocer mis calificaciones, mi sentido ético y los frutos de mi labor, aunque bien los conoce. Con ello, ha sembrado razonablemente en mí la duda sobre su buena fe.
Con suficiente fundamento creo que, de continuar en la universidad, sufriría un mayor aislamiento, una mayor estigmatización y un mayor temor por mi integridad física que los que ya sufrí en los últimos meses del semestre pasado como consecuencia de mi denuncia pública del acoso del grupo Los Chompos, de mis críticas a la universidad y de la respuesta institucional a dichas críticas. Tales condiciones, sumadas a la vigilancia abusiva y prejuiciosa que la universidad ha ejercido sobre mi actividad de intelectual pública en los últimos meses —vigilancia que ha derivado incluso en su tergiversación tendenciosa de manifestaciones mías—, limitarían en adelante mi libertad de pensamiento y mi libertad de cátedra en el marco de la universidad, del mismo modo en que ya se ha visto limitado, como consecuencia de este caso, el ejercicio de mi libre expresión en todos los medios, afectado ahora por una permanente zozobra. Las condiciones antedichas amenazan por demás con intoxicar mi relación con mis estudiantes, cuya formación ha sido mi prioridad durante mis años de funciones en Los Andes. A todo esto debo añadir que ayer, 19 de enero, cuando regresé a la universidad después de que se fallara a mi favor la acción de tutela, sentí gran tensión e inseguridad, y me di cuenta de que no podría permanecer en el campus ni circular por la universidad con tranquilidad.
Me veo obligada, pues, a salir de la Universidad de Los Andes, aunque esto implique perder mi medio de subsistencia y alejarme de la actividad docente, que ha sido hasta ahora el principal propósito de mi vida y mis esfuerzos, ya que continuar en Los Andes significaría someterme a trabajar sin seguridad, sin libertad y con mi dignidad vulnerada. A los perjuicios morales y a los problemas laborales y personales que me ha causado este proceso se suma la tristeza que siento al comunicar, por medio de esta carta, que renuncio, por los motivos expuestos, a mi cargo de profesora asociada de planta a partir de hoy, 20 de enero de 2017.
Sinceramente,
Carolina Sanín Paz, Ph.D."
