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A pesar del hecho, las medidas de protección fueron negadas por las autoridades competentes. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela en favor de la víctima.
Aunque la solicitud fue negada en dos oportunidades, tiempo en el cual la mujer volvió a ser violentada por su compañero, la Defensoría presentó un recurso de insistencia ante la Corte Constitucional.
El alto tribunal, no sólo protegió los derechos de la persona atendida por el organismo de humanitario, sino que le ordenó a la Fiscalía que cuando conozca denuncias por violencia de género solicite inmediatamente ante el juez de control de garantías las medidas de protección correspondientes.
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