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El sistema está contemplado en el decreto ley 895 de 2017, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, el cual tiene que ver con un mecanismo que logre brindar los elementos para que el movimiento político de ese grupo cuenten con seguridad.
"Crear el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política", dice uno de los apartes del decreto.
Las medidas pretenden proteger a defensores de Derechos Humanos, organizaciones sociales, comunidades rurales y a líderes comunitarios, quienes estarán protegidos por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, un delegado presidencial, una comisión de seguimiento, un comité del Impulso a las Investigaciones y sistemas de alertas tempranas.
"Este Sistema, estará́ constituido por el conjunto de normas, programas, proyectos, planes, comités, las entidades públicas en los órdenes nacional y territorial y las organizaciones e instancias encargadas de formular o ejecutar los planes, programas y acciones específicas", señala el decreto.
Aunque los magistrados de la Corte Constitucional en la Sala Plena, condicionaron el artículo sexto del decreto 895 de 2017, en el que manifestaron que aunque un integrante del nuevo partido que provenga de las Farc tendrá asiento en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral, aclararon que no podrán considerarse un integrante como tal de esa entidad.
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