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El Gobierno Nacional radicará el proyecto de reforma constitucional que crea la Justicia Especial para la Paz, que será la encargada de juzgar a los guerrilleros por los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.
LA F.m. y RCN Radio conocieron el borrador de la iniciativa que hace parte de los proyectos para la implementación del acuerdo en el Congreso.
El documento establece algunos puntos que se han discutido de forma preliminar para el tratamiento penal de los integrantes de las Farc.
- Habrá una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a raíz del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
- Existirá el Tribunal para la Paz, que sería el órgano de cierre y la máxima instancia de la Jurisdicción Especial, el cual se encargará de emitir y revisar las sentencias.
- La JEP (Justicia Especial para la Paz) no tendría competencia para el juzgamiento de los presidentes y expresidentes de la República.
- Se discute una propuesta para que la JEP sólo cobije a los que hayan suscrito un acuerdo con el Gobierno y no tenga competencia sobre los procesados o condenados por la ley de justicia y paz, es decir, la mayoría paramilitares.
- Podrían presentarse tutelas en contra de las decisiones de justicia especial para la paz cuando se compruebe que hubo violación a los derechos fundamentales.
- La JEP podría revisar sentencias emitidas por otra jurisdicción siempre y cuando se trate de hechos relacionados con el conflicto armado y por petición del condenado.
- La JEP durará 10 años, con la posibilidad de tener 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional. Sus sanciones deben tener la finalidad de satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz.
- No habría extradición para integrantes de las Farc sin importar el delito. La JEP también tendría que definir si procede o no esta figura para familiares de los guerrilleros.
- Las sanciones de la JEP no inhabilitarían para la participación política de los integrantes de las Farc. Podrían aspirar a ser funcionarios o contratistas del Estado.
