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Con una votación unánime, la Sala Plena de la Corte Constitucional dio vía libre para que se utilicen los recursos de las Administradoras de Riesgos Laborares (ARL) para promoción, prevención, atención de emergencias, compra de elementos de protección personal y diagnóstico de COVID-19.
La medida está contenida en el decreto 500 expedido por el Gobierno del presidente Iván Duque, por el cual “se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
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Según el decreto, se utilizará el 5 % del total de la cotización en riesgos laborales para que las empresas emprendan programas de promoción y prevención de contagio, "compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnósticos"
A través de un comunicado, la presidencia de la República había explicado que dicha población incluye a trabajadores de la salud, personal de aseo, vigilancia y alimentación, "relacionados directamente con la prestación del servicio de salud", trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
El 2 % de los recursos deberán ser destinados para que las empresas compren elementos de protección y bioseguridad para sus trabajadores.
También se destinará para “chequeos médicos frecuentes carácter preventivo y diagnóstico, y acciones intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus COVID-19”.
Así mismo, el decreto dice que del 92 por ciento de las cotizaciones que reciban las ARL, por lo menos el 10 por ciento se deben destinar a campañas de promoción, educación y prevención.
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El decreto establece que, en noviembre de 2020, las ARL deberán presentar a la Superintendencia Financiera un informe detallado sobre la destinación de recursos económicos para contener la pandemia.
