Autoridades de Medellín ofrecen hasta $1 millón por arma incautada

La Alcaldía de Medellín creó un fondo adicional de recompensas por mil millones de pesos por información que permita ubicar las viviendas y los locales fachadas donde se guarden armas. La medida se suma a los 10 millones de pesos que se entregarán por el esclarecimiento de cualquier homicidio, sin importar quién era la víctima o si tenía antecedentes penales.

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El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, explicó que el plan de choque consiste en dar un millón de pesos por cada arma que se logre incautar y así evitar que sea utilizada en crímenes. Señaló que hay casos en los que se cobran incluso 500 mil pesos por asesinar a una persona.

"Esta estrategia de dar hasta un millón de pesos a quien nos ayude a detectar dónde se están guardando las armas es muy importante porque si esta arma estuvo involucrada en un homicidio y nos permite judicializar y capturar al homicida, la recompensa puede llegar a los 10 millones de pesos", explicó el mandatario local.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, anunció que se repartirán volantes con los datos de los delincuentes más buscados. En las líneas 123 y 165 habrá personal especializado para recibir las denuncias ciudadanas.

"Estamos diseñando unos volantes para que los ciudadanos tengan acceso a unas líneas de reserva que es lo más importante, para que no tengan afectaciones las personas que nos apoyen. Los volantes van a ser entregados puerta a puerta en las residencias y en los locales públicos", señaló el alto oficial.

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Para garantizar la confidencialidad, se tendrá un convenido con las entidades financieras. Las autoridades suministrarán un código al informante, quien lo usará para reclamar el dinero de la recompensa en los bancos, de manera confidencial y sin entregar mayor información de sus datos personales.

Justamente, la Presidencia de la República anunció que fue prorrogado por un año más el decreto que restringe el porte de armas en todo el país. El nuevo decreto regirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.