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El presidente de la corporación, el senador Carlos Fernando Motoa, aseguró que podría tratarse de un desfalco similar al ocurrido en Reficar, pero que ascendería a más de 15 millones de dólares.
Motoa explicó que trata de un contrato hecho en 2014 para la construcción de un cable submarino que no ha sido terminado, y que cada día le cuesta más al erario público.
“Las Empresas Municipales de Cali no están siendo bien administradas, hay un contrato del 2014, que se ha denominado contrato del cable submarino, que asciende a 19 millones de dólares, el cual no se ha cumplido”, manifestó.
Dijo que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía por estos hechos y reveló que la intervención de la Contraloría debe estarse realizando aproximadamente en el mes de enero.
“Cada vez que llega un gerente nuevo a Emcali paga un poco más a los contratistas. Ya han cancelado 15 millones de dólares y el proyecto de tecnología todavía no está en funcionamiento después de dos años. Además, es claro que cuando esté terminado, esa tecnología será obsoleta y no podrá competir con lo que ya está en sintonía en el tema de internet y acceso a redes. Este contrato es un pequeño Reficar en el Valle del Cauca y en Cali”,
Por su parte, el senador Alexander López, sostuvo que la construcción de este cable submarino afecta los intereses económicos de la Nación.
“Este es un contrato leonino, porque los proveedores van a poder utilizar este cable a su disposición durante 10 años a unos costos irrisorios. Así que no solo hicieron un contrato de suministro de cable submarino, sino que los mismos dueños de ese cable van a utilizarlo para vender el mismo servicio a los mismos oferentes que Emcali les pueda hacer”, aseguró.
Y dijo: “Ya han pasado casi tres años de que se firmó este contrato, ya hay un detrimento patrimonial y las autoridades deben pronunciarse inmediatamente y lo más idóneo es que la Contraloría entre a revisar este tema y en ese sentido tome decisiones”.
Los senadores Motoa y López explicaron que con esta medida excepcional se le puede quitar la facultad a la Contraloría municipal de hacerle seguimiento al caso, por considerar que no ha sido transparente en este proceso.
