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El 11 de agosto de 2021 a las 12:05 pm, a los correos de Emilio Archila, Luis Alberto Rodríguez, Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiróz llegó una comunicación que denunciaba en gruesos términos un posible caso de corrupción. También fue copiado y enviado a los correos ocadpazpresidencia@gov.co y jose.arias@contraloria.gov.co. Estos nombres tienen en común que son los mismos nombres denunciados en una investigación desarrollada, primero por Blu Radio, sobre presuntas coimas que habrían sido transversales a los proyectos de inversión para los municipios con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, núcleo de la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
La denuncia era puntual. “El DNP, el director de regalías, Álvaro Ávila, nos sienta en la oficina y nos cobra un 5 % para que el proyecto llegue a OCAD. (…) Vienen a nuestros municipios azotados por la violencia a extorcionar pidiendo plata por cada proyecto que saquen de las listas que la contraloría sin bases reales presenta, para sacar proyectos con pronunciamientos cumples DNP y favorables del sector”, señala exactamente la comunicación.
Aunque estaba escrito con sendos errores ortográficos y en mayúscula permanente, el correo no se quedó solo en denunciar específicamente a Ávila, sino que también señaló directamente al exconsejero Archila.
“Tenemos proyectos viabilizados desde el OCAD 28 y usted se comprometió a asignarles recursos. Pero en cada OCAD la Contraloría que está coadministrando el OCAD retira los proyectos que no han sido apadrinados por los corruptos senadores y usted se hace el loco, están avalados por ud. Dele pena señor Emilio Archila, ud no debe dejar que un ente de control decida por el OCAD y menos permitir esta violencia política que nos pidan plata para seguir en el proceso de OCAD y que nos asignen los recursos a los municipios más pobres de Colombia”, agrega el correo.
Más adelante, el correo hace otra acusación. “La dr Juvinao nos cobra 200 millones por proyecto tipo aprobado. La dra María Alejandra Ávila nos ha cobrado pero se hace la loca a todo lo que pasa y solo se burla de nosotros. Dice que no tiene ni idea de lo que está pasando con la Contraloría”, puntualiza.
En resumen, el correo acusaba a un funcionario del DNP de cobrar el 5 % del total de los proyectos; a otra funcionaria de la misma entidad de cobrar 200 millones por proyecto aprobado, y a otra más en el mismo organismo por cobrar más coimas.
En otros correos anónimos también se acusó a dos contralores delegados de cobrar peajes para certificar los proyectos en el llamado control concomitante para que pudieran ser aprobados en los OCAD. Es decir, el esquema de coimas, según los corroeos, pasaba por al menos 5 funcionarios y cada uno cobraba un porcentaje o parte diferente.
Este correo fue enviado desde la dirección entidadesterritorialespdet@gmail.com y al lado del correo aparece un nombre. Se trata de Juan Carlos Saldarriaga Ceballos. La FM y RCN Mundo conocieron un video con la declaración de un contratista de regalías en otros OCAD que asegura que su nombre fue suplantado para enviar una falsa denuncia con supuestos hechos de corrupción. Como en la firma del correo, el nombre del contratista es Juan Carlos Saldarriaga Ceballos.
Saldarriaga fue contactado por el medio que lideró la investigación sobre los OCAD. Cuando se dio cuenta que se podría tratar de un caso de suplantación y se lo hizo saber a la periodista, él mismo contactó al Departamento Nacional de Planeación porque le preocupaba que su nombre se viese envuelto en una denuncia con hechos graves, ya que también contrata con el Estado y es proponente de proyectos de regalías en otros OCAD.
El empresario le envió un correo al Departamento Nacional de Planeación y allí aseguró que esos eran sus dos nombres y sus dos apellidos y que no había sido él quien había enviado ese correo. El DNP le tomó una declaración escrita como insumo para la investigación de control disciplinario, y lo envió a la Contraloría General, para que allí también diera una declaración contando su versión.
En la Contraloría, Saldarriaga Ceballos, le dio su versión a los contralores Quiroz y Gualdrón, acusados en los correos de corrupción.
“Me mandó un pantallazo con las denuncias y yo le dije que no las conocía. Yo no me quedé ahí y empecé a escribir al DNP. Yo soy contratista, tengo una empresa que trabaja con el Estado. El DNP me dio la oportunidad mediante una audiencia de dar los descargos correspondientes. Yo creo que alguien usó el nombre mío para enviar un correo inventado con una denuncia inventada”, dijo el contratista a los contralores en el video conocido por La FM y RCN Mundo.
Agregó que la denuncia que supuestamente él había enviado hablaba de senadores de los que él no tenía conocimiento. “Fui a la Fiscalía a presentar una denuncia por suplantación para que al menos en delitos informáticos se pueda rastrear la IP y saber en dónde se generó el correo. Yo no he puesto ninguna denuncia sobre los OCAD”, dijo Saldarriaga.
La FM envió un mensaje por correo electrónico a la dirección de Gmail originadora de esa denuncia tratando de buscar una respuesta, pero hasta ahora no ha habido ninguna. La periodista Valeria Santos, a quien buscamos para ofrecerle una publicación en este medio con respecto al video, nos señaló que una vez el contratista le dijo que podría tratarse de una suplantación y una falsa denuncia, la descartó y no fue mencionada en su investigación.
Blu Radio publicó testimonios de varios alcaldes de municipios PDET que de manera anónima denunciaron los supuestos sobornos para que los proyectos fueran aprobados.
Con base en una reforma a la ley de regalías, fueron invertidos alrededor de 7 billones de pesos en los últimos cuatro años para los proyectos de ese fondo, aunque se esperaba que el total fuera invertido en un periodo de 10 años.
Esta emisora también se contactó con Amparo García, subdirectora territorial del DNP, quien era la jefe del secretario técnico del OCADpaz, Álvaro Ávila, para conocer su versión sobre las denuncias en contra de este, que ocasionaron su salida de la entidad. La subdirectora señaló que tan pronto el exconsejero Archila trasladó los correos con las denuncias, la entidad ordenó abrir una investigación en Control Disciplinario respetando la presunción de inocencia por lo que, aún con algunas denuncias en su contra, Ávila siguió teniendo control sobre los proyectos en la revisoría técnica previa, hasta su salida definitiva del cargo.
