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El procurador general Fernando Carrillo calificó como un “fracaso” la normativa del Gobierno sobre la protección a los líderes sociales, tras las alarmantes cifras de asesinatos reveladas por la Defensoría del Pueblo.
Según el balance, entre el 2016 y el 27 de febrero del 2018 han sido asesinados 282 líderes sociales, de ellos 57 indígenas y 26 afrocolombianos.
“La muerde de un líder social es el indicador de fracaso por parte del Estado, de lo que se trata es de no permitir su exterminio (...) todos los esfuerzos del Estado han sido insuficientes”, señaló Carrillo.
Dijo que no basta con buenas intenciones y propósitos para acabar con los asesinatos. Para el procurador, la solución es coordinar y trabajar con las autoridades.
“Si logramos actuar con eficacia en seis departamentos podemos reducir a lo mínimo el fenómeno”.
El vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, indicó que “son más de 345 organizaciones sociales en riesgo, pero aquí hemos identificado 78 asociaciones, cabildos y consejos comunitarios que están en riesgo”.
Al respecto los líderes sociales indicaron que existe “un silencio absoluto” sobre dichos crímenes y advirtieron que el Gobierno no los tuvo en cuenta para la creación de las leyes y decretos que supuestamente los protegen.
“Grave que las comunidades del Pacífico colombiano estén siendo desplazadas (...) se sigue legislando sobre asuntos que afectan a las comunidades, pero no las toma en cuenta”.
Sin embargo, desde el Gobierno se asegura que se viene trabajando en la protección de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
