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En audiencia pública, el alcalde de Tunja Fernando Flórez tendrá que responder por posibles irregularidades en dos convenios celebrados para suministros alimenticios en instituciones educativas.
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Según la Procuraduría, el funcionario firmó estos contratos sin percatarse de que los estándares de sanidad de los restaurantes escolares no eran óptimos para iniciar su funcionamiento, ya que se corría el riesgo de que los alimentos perecieran en corto tiempo.
En consecuencia, la administración municipal se habría visto abocada a suscribir el convenio de asociación 035 de 2012 con Compensar, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio con el ente territorial.
Según el informe de supervisión del convenio celebrado con el departamento de Boyacá, correspondiente al mes de septiembre, de los 134 días que se acordó brindar alimentación complementaria a través del convenio, solo se garantizaron 37.
En ese sentido, la Procuraduría señaló que, al parecer, este contrato no contaba con un estudio adecuado que permitiera a la Alcaldía de Tunja determinar si se encontraba en condiciones de cumplir con los compromisos pactados y, en consecuencia, las obligaciones contraídas habrían sido modificadas durante la ejecución afectando los derechos de los niños, niñas y jóvenes beneficiados con el programa.
