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El procurador General, Fernando Carrillo, confirmó la primicia de RCN Radio y anunció la apertura de una investigación disciplinaria a miembros de la junta directiva de Empresas Publicas de Medellín (EPM) y contra algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), por el caso Hidroituango.
Según el Procurador, el cierre de las compuertas del proyecto ha ocasionado una clara emergencia ambientalque cubre cuatro departamentos, es decir “más de 20 municipios, mas de 120 mil personas afectadas en sus derechos sociales, económico y ambientales”.
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De acuerdo con las cifras que entregó el procurador Carrillo, en total son más de 20 mil familias de pescadores que se han visto afectados por la disminución del río Cauca.
Aunque el funcionario no dio nombres concretos de los investigados, reiteró el llamado al Gobierno sobre la urgencia de declarar una emergencia ambiental para implementar una serie de medidas, “como la recuperación y restitución de derechos económicos sociales y ambientales mediante medidas extraordinarias”.
Carrillo dijo además que el propósito de la misiva enviada a la Superintendencia de Sociedades es solicitar una intervención “para que se cubra el campo de las decisiones técnicas al interior de la empresa”.
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El Ministerio Público advirtió en esa misiva que EPM ha suministrado información sobre la hidroeléctrica que presuntamente no se ajusta a la realidad.
“Hay muchas dudas respecto de la integralidad a nivel de la revelación de los informes de expertos. Creemos que se requiere de una asistencia técnica para saber dónde estamos y para donde vamos y si realmente la empresa ha sido capaz de mantener el control absoluto de la obra”, puntualizó el Procurador.
