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Entre ellos que el contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE) haya comprado pechugas de pollo por 40 mil pesos.
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“Es absolutamente falso que el Distrito de Cartagena, al mando del doctor Manuel Vicente Duque Vásquez, haya comprado pechugas de pollo a 40 mil pesos”, afirmó.
Agregó que “el Distrito de Cartagena contrató el suministro de raciones alimenticias para la población escolar que tenía derecho a ella y el valor de estas raciones, tal como lo muestra el contrato, está entre los $1.700, $1.900 y hasta los 2.400 pesos como está a nivel país”.
Señaló que el deber de la administración es hacer la contratación y luego la verificación de los suministros de alimentos y no inspeccionar el valor que paga el contratista por las compras.
“Entiendo que el señor contralor está informando aquello que le han contado seguramente sus auditores, pero es preciso definir que el Distrito no tiene porqué entrar a verificar a cómo compra el pollo el contratista, lo importante es que se respete el valor de la ración contratada”, sostuvo.
“Entre otras cosas, yo dudo que el contratista haya pagado 40 mil pesos por una pechuga de pollo. Para mí que hay una información inexacta y el contratista tendrá que dar las explicaciones del caso”, dijo.
La Contraloría General de la República en su informe dio a conocer que la contratación para el Programa de Alimentación Escolar fue de manera directa por 23 mil 427 millones de pesos, lo cual calificó como una situación abiertamente irregular.
Sin embargo, el abogado Juan Carlos Cabarcas, a nombre del exalcalde Manuel Vicente Duque, también desmintió este hecho.
“Tampoco es cierto que el doctor Manuel Vicente haya contratado a dedo 23 mil millones de pesos. El primer contrato se hizo al amparo de una urgencia manifiesta que no recibió ningún reparo de la Procuraduría General de la Nación, la cual acompañó el proceso”.
Añadió que “ el secretario de Educación Distrital le comunicó al señor alcalde la necesidad de implementar el refuerzo alimentario para la población escolar, lo que hizo el alcalde fue inmediatamente dar traslado de esa necesidad a la Procuraduría General de la Nación y esta le contestó de manera inmediata una ruta a seguir y en esa ruta a seguir se encontraba esa declaratoria de emergencia o de urgencia manifiesta para que se agilizara el proceso de contratación y no se malograra el servicio esencial, constitucional, público y fundamental de la educación, luego no es cierto de que la contratación haya sido caprichosa y a dedo”.
