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Entre sus primeras declaraciones como alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López pidió a Enrique Peñalosa no aprobar por decreto el nuevo Plan de ordenamiento Territorial (POT), en caso de que no se realice la votación en la plenaria del Concejo.
Actualmente el proyecto se encuentra en trámite en el cabildo distrital, donde este martes inició la votación en comisión. Sin embargo, la corporación cuenta con menos de una semana para sacar adelante este punto y culminar también la votación en plenaria.
Esto debido a que, por ley, si el POT no se tramita en los 90 días después de ser radicado, el Alcalde de la ciudad tiene la potestad de firmarlo por decreto. El problema es que la fecha límite vence el próximo lunes.
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De ahí la preocupación de López de que se dé una eventual firma de Peñalosa, con la que se sellaría la visión urbanística que regirá a la ciudad en los próximos años.
Así las casas, no resulta descabellado que la nueva alcaldesa, que desde el principio rechazó el POT, y sectores opositores a Peñalosa, hagan todo lo posible por tumbar ese nuevo decreto, si es que llega a ser firmado.
En términos jurídicos y administrativos, hacer esto es sería toda una odisea, ya que una vez firmado, un decreto de esta envergadura no puede ser derogado, ni siquiera por un nuevo alcalde.
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La única forma para hacerlo sería demandar el POT. Un caso similar ya ocurrió durante la administración de Gustavo Petro.
En 2013 el hoy senador firmó el decreto con el que que se modificaba el POT del 2004, el mismo que a la fecha continúa vigente. Sin embargo, una demanda llevó al Consejo de Estado a suspender en 2014 su aplicación y finalmente un juzgado administrativo de Bogotá tomó la decisión de anularlo.
En esa oportunidad, se reversó la medida porque se logró determinar que dicho decreto era ilegal ya que el entonces alcalde lo firmó a pesar de que el Concejo había votado en contra.
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Precisamente ese tipo de ilegalidad o irregularidad en el trámite es lo que se tendría que demostrar para dar reversa al POT si este es firmado por Peñalosa, lo cual implica un largo y complicado camino, que además no garantiza que se compruebe alguna ilegalidad.
Otro punto que se diferencia con el POT de Petro es que lo que se discute esta semana en el Concejo no es una modificación al plan existente sino la creación de uno nuevo.
La alternativa que quedaría sería tramitar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, para lo cual se necesita estructurarlo, redactar el texto, realizar nuevos cabildos abiertos, salas de concertación y debates en el Concejo. Todo esto, con la posibilidad de que no sea aprobado por las mayorías de cabildo.
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