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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidió finalmente implementar por decreto el POT de Bogotá, lo que desató una ola de críticas y polémica de quienes están contra del proyecto porque consideran que tiene varios errores.
En entrevista con La FM, el concejal Emel Rojas, del partido Colombia Justa y Libres, aseguró que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá carece de legitimidad y le recordó a la mandataria de los bogotanos que no estaba obligada a decretarlo y podía haber esperado a 2022.
“Tenemos un decreto que carece de legitimidad, aquí estamos y hay que enfrentar el debate”, aseveró al señalar que la alcaldesa en promesa de campaña habló de no decretarlo y después que presentó el borrador de acuerdo se mantuvo en esa postura.
“Infortunadamente tras concertaciones que se hicieron con la comunidad, durante los 90 días, donde ella admite errores y hace acuerdos con algunos sectores como recicladores y con algunas zonas puntuales como Modelia, Pablo Sexto y Suba para temas de alto impacto determina que ya no tiene errores, que es el POT perfecto y lo emite por decreto; obviamente eso le resta legitimidad al decreto.
POT de Bogotá tiene problemas de legitimidad e ilegalidad
El concejal de oposición aseguró que el POT carece de legitimidad y también de ilegalidad, recordando que varios concejales entregaron consideraciones al proyecto (38 puntualmente Emel Rojas).
Refiriéndose a la parte legal, señaló que el POT se va a caer “porque en la práctica ella misma reconoce que después de ser presentado contiene errores, hace modificaciones, muchos secretarios reconocen falencias y en la ponencia, que ellos avalan, se determina que hay errores. Tiene problemas de legalidad y legitimidad”.
POT de Bogotá se pudo presentar en 2022
El concejal le recordó a López que no estaba obligada a decretarlo. “Lo pudo haber presentado para el año entrante, incluso el otro año pudo haberse mejorado”.
Cabe recordar que el POT de Bogotá no se logró discutir en el Concejo de Bogotá por masivas recusaciones e impedimentos - más de 138 – y ocho tutelas que se presentaron, lo que impidió que se tramitara en los 90 días establecidos.
