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El ente de control detectó que la exfuncionaria habría incurrido en irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación con la Corporación Orientar, por cerca de $914 millones.
A partir de las investigaciones disciplinarias, se encontró que ese contrato se realizó sin licitación o concurso público, con un plazo de ocho meses, para atender en una Casa Refugio a mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo con las labores de recolección de pruebas de la Personería, la funcionaria supuestamente quebrantó los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, al no realizar una convocatoria pública para escoger el mejor oferente, pues estaba contratando un servicio, no asociándose para apoyar labor de un particular.
Por último, recordó el Ministerio Público distrital que de acuerdo con las normas, los convenios de asociación están contemplados para que el Estado apoye actividades de una firma particular, pero no para cumplir órdenes expresas de una entidad, como contraprestación por el pago de un contrato.
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