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La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años, en primera instancia, a Julieta Naranjo Luján, alcaldesa local de Usaquén, por irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación por $198 millones, en contra de lo dispuesto en las normas de contratación.
La investigación del ente Distrital determinó "que la exfuncionaria contrató con la Fundación de Asesorías para el Sector Rural Ciudad de Dios (Fundases) el suministro, plantación forestal nativa de 500 unidades y manejo silvicultural de 65 ejemplares adultos más. El convenio estableció que el Fondo de Desarrollo Local aportaría $180 millones y Fundases $18 millones, en especie".
Así, y de acuerdo con el fallo, con el convenio se evadió el principio de selección objetiva y transparencia en la contratación pública, teniendo en cuenta que para adquirir las plantas y el servicio de silvicultura se debió realizar una convocatoria pública para escoger al mejor proponente.
Finalmente, contra la decisión de primera instancia procederá el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.
