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La Personería de Bogotá tomó la decisión de abrir una investigación disciplinaria a 6 alcaldías locales por presuntas irregularidades en contratación por un valor de $50.000 millones, por convenios y adiciones millonarias al parecer sin sustento.
La entidad de control habría detectado anomalías administrativas en las alcaldías locales actuales de Barrios Unidos, Fontibón, Usaquén, Suba, Teusaquillo y Los Mártires.
De acuerdo con un informe se encontraron procesos contractuales, al parecer, según la Personería sin estudios previos o con estudios de mercado amañados, suscripción de convenios para eludir convocatorias a licitaciones públicas, millonarios anticipos irregulares, entre otras, hallazgos que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para una eventual investigación penal.
Éstas fueron las irregularidades detectadas en las localidades por parte de la Personería de Bogotá:
Barrios Unidos
El 27 de octubre de 2016, la Alcaldía adjudicó un contrato por más de $14.402 millones para el mejoramiento, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial y espacio público de la localidad. La ejecución se haría en 12 meses.
El contrato sólo tuvo acta de inició casi dos meses después, el 21 de diciembre, pero 9 días más tarde fue suspendido y se reinició hasta el 23 de enero de 2017. La suspensión del contrato estatal, es una medida excepcional por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal, circunstancias estas que no fueron justificadas.
Los estudios previos, pliego de condiciones y luego el contrato estableció que el pago se realizaría mediante actas mensuales de recibo parcial hasta completar el 95%. El 5% restante se pagaría hasta la terminación total de las obras.
La Alcaldía, durante el proceso licitatorio, rechazó peticiones de los proponentes de modificar la forma de pago, pero, en contravía de lo establecido en la licitación y el contrato, 40 días antes de empezar la ejecución, el 12 de diciembre, realizó un anticipo del 50% de su valor, por $7.201 millones. El anticipo fue aprobado, pese a haberse pactado un contrato de tracto sucesivo, que se pagaba en la medida que había avances en la obra y que permitía hacer un seguimiento a su ejecución.
Se observó que la licitación tiene dos estudios previos, uno con precios de referencia del IDU y otros tomados de un proceso licitatorio anterior de 2015. Los dos son disímiles. Pero en ninguno es claro como la Administración determinó el presupuesto del contrato, vulnerando el principio de planeación, toda vez que un pliego de condiciones no puede elaborarse sin estudio de mercado que determine el valor.
Un detalle más, el monto inicial de la licitación era por $13.465 millones. Un proponente solicitó aumentarlo en $179.9 millones. La Alcaldía aceptó la observación y sin sustento incrementó el valor en $757.4 millones.
Usaquén
La Alcaldía Local sin licitación realizó un convenio con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, por $10.461 millones para que contratarán el diagnóstico, estudios, diseños, conservación, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial, incluida la interventoría, supervisión y gerencia de la inversión de los recursos. El 10% del contrato, es decir, $1.050 millones son para Fonade, entidad que hará la gerencia de los recursos.
La Personería encontró que la Alcaldía desconoció su plan anual de adquisiciones que contemplaba procesos licitatorios para los contratos de obra, publicado en el Secop (página de contratación pública), en los que demostraba que tenía capacidad financiera, jurídica y técnica para ejecutar sus proyectos sin delegar a un tercero.
Después de casi un año, sin realizar ninguna actuación para la contratación de las obras, en tiempo record la Alcaldía emitió unos estudios previos el 16 de diciembre de 2016, tres días después el Comité de Contratación los aprobó y el 23 de diciembre se suscribió el Convenio, es decir, se realizó en 8 días.
En la carpeta contractual no se encontró ningún documento en el que indique como la Administración Local evaluó propuestas alternas a Fonade, ni se observó ningún estudio de mercado que permitiera el análisis de más de una oferta.
Se determinó que la Alcaldía, que tiene el deber legal de administrar los recursos públicos, transfirió ese manejo del presupuesto, del erario, a un tercero para que este lo administrara, delegando lo indelegable, incluso la supervisión de los contratos.
También desconoció la Directiva 012 de noviembre de 2016, del Alcalde Mayor y el Secretario de Gobierno, que obliga a los Alcaldes Locales a consultar y justificar la contratación de obra pública con los análisis técnicos, jurídicos y financieros previos. No obstante, la Alcaldía Local ni siquiera hizo la consulta y realizó la contratación directa, al parecer, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva.
Fontibón
El Fondo de Desarrollo Local realizó un convenio con Fonade para que gerencie y contrate la intervención de la malla vial de la localidad, la interventoría y adquiera el mobiliario de la nueva sede de la Alcaldía. El contrato por más de $9.594 millones se suscribió el 28 de diciembre de 2016, por 10 meses, con acta de inicio del 2 de febrero de 2017.
Antes de la suscripción del convenio, la Alcaldía realizó una licitación que luego revocó por diferencias entre el pliego de condiciones y el estudio de mercado. No obstante, con esos estudios técnicos y de mercado previos sustentó el convenio.
Para completar, a los oferentes que habían participado en la frustrada licitación y que esperaban el nuevo concurso público, nunca les avisaron que habían realizado la contratación directa.
Como en el caso de Usaquén, la Alcaldía Local, delegada por el Distrito para contratar, delegó en Fonade lo indelegable, incluida la adquisición del mobiliario, la interventoría y hasta la supervisión. Fontibón si solicitó a la Secretaría de Gobierno la revisión de los estudios previos, pero no esperó la respuesta y suscribió el convenio.
Otras
La Personería también indaga las irregularidades reveladas en Suba (contratación de combustible y mantenimiento de vehículos) en Los Mártires (arrendamiento de sede y adquisición de elementos) y de Teusaquillo (construcción de la sede local por $22.000 millones, mantenimiento vial, servicio de vigilancia, entre otros).
En general, el Ente de Control encontró una presunta vulneración a los principios de contratación, planeación, transparencia y el deber de selección objetiva.
