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En entrevista con La FM, el abogado Marino Moreno, defensa del patrullero Juan Camilo Lloreda, quien es uno de los policías que aparece en el video sometiendo a Javier Ordóñez con una taser, descartó que entre el uniformado y la víctima mortal existieran problemas personales.
“(Patrullero) acude en cumplimiento de un deber legal, no porque quiso ni porque haya asuntos personales. Nunca ha habido alguno con el señor Ordóñez”, afirmó, agregando que los hechos se dieron por un llamado que se hizo al CAI para que acudieran a las afueras del conjunto residencial.
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Expresando su respeto por el dolor y luto de la familia de Javier Ordóñez, indicó que la conducta de Ordóñez frente a la perturbación de la convivencia en el conjunto residencial en el que vivía era reiterativa.
“Ya era reiterada su conducta, tenemos entendido que presentaba más de 10 llamados donde hubo necesidad que el CAI atendiera el comportamiento del señor Ordóñez, con respecto a la perturbación del conjunto residencial”, subrayó.
La defensa del patrullero dijo que en una de las ocasiones en que los miembros del CAI fueron a atender los llamados sí estuvo presente el patrullero Lloreda, “pero que esto haya sido un asunto personal no lo ha sido nunca, fue con ocasión del servicio”.
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Señaló que el patrullero Lloreda lamenta la muerte de Javier Ordóñez y por ello se encuentra afectado emocionalmente, además de temer por su vida. “Puedo manifestarle que nuestra posición es unificada y solidaria con la familia del señor Javier Ordóñez”.
Desvirtuó las informaciones que se han conocido de que el patrullero Lloreda ya tenía otras denuncias por abuso policial. “No conocemos de esas denuncias, esperaremos si eso lo tiene en conocimiento la Fiscalía”.
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El abogado Moreno lamentó los pronunciamientos que han hecho los entes gubernamentales, especialmente la del Ministerio de defensa “porque la presunción de inocencia aquí fue un saludo a la bandera, entendemos que hay presión mediática, pero deben respetarla”.
De hecho, aseguró que el patrullero renunció a ser defendido por los abogados que le otorgó el Estado y la Policía Nacional porque querían hacerlo allanar a los cargos.
“Juan Camilo renunció a esos abogados porque la posición era de ante mano de allanarse a cargos sin conocer los hechos, es evidente que un ciudadano del común tiene derecho a la defensa y a que los hechos se le imputen y se le sustenten, los abogados asignados por la policía querían que se allanara de forma inmediata sin haber pasado a juicio”, agregó.
Esta mañana el patrullero se entregó en la sede de la Dijín, en Bogotá, tras la orden de captura que emitió un juez.
