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Dos acciones populares que buscaban ‘tumbar’ la reforma al sistema de salud de Bogotá, así como el proceso de enajenación de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, fueron negadas.
Al mismo tiempo, el Consejo de Estado, en un pronunciamiento de segunda instancia, avaló las gestiones del Distrito para proteger a los habitantes de calle, luego de la exitosa intervención del Bronx.
Ante esto, la secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Hernández, aseguró que de esta manera se demuestra que las decisiones del alcalde Enrique Peñalosa "están ajustadas al derecho y a la legalidad".
El primer fallo tiene que ver con una acción popular interpuesta por el concejal Hollman Morris, mediante la cual pretendía reversar el proceso de modernización del sector de la salud que puso en marcha el alcalde Peñalosa por considerar que "transgrede y amenaza los derechos e intereses colectivos de los bogotanos a la moralidad pública".
“Pero el juez 47 administrativo negó las pretensiones y con esto nos permite tener claridad sobre el proceso de modernidad en la salud que se viene desarrollando”, agregó Hernández.
Así mismo, el juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, negó una segunda acción popular interpuesta por Germán Calderón España contra Bogotá y la ETB por considerar que con la enajenación de sus acciones igualmente “se vulneraban los intereses colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa”.
Finalmente, Hernández destacó un pronunciamiento del Consejo de Estado con respecto a los habitantes de calle, pues en un fallo de segunda instancia a una acción de tutela le dio la razón al Distrito por la forma como se ha adelantado la estrategia de atención a esta población vulnerable.
