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A través de un informe de visita fiscal que realizó la Contraloría de Bogotá, encabezada por Juan Carlos Granados, al interceptor de Tunjuelo- Canoas y que fue adjudicado a una firma ligada a Odebrecht en el 2009, el ente aseguró que se evidenciaron cinco hallazgos administrativos con incidencias fiscales por más de 280 mil millones.
Según el ente de control, las fallas se deben "a la ineficiente e ineficaz gestión de la Empresa de Acueducto de Bogotá, dado que por culpa de la empresa no se pudo concluir el 100% de las obras contratadas, lo que ocasionó el daño de la cuantía mencionada”.
Ante los hallazgos, la Contraloría de Bogotá dio un plazo de ocho días hábiles para que el Acueducto ajuste el plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias que se presentan para termina la obra.
