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La Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) le dieron un ultimátum a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, pues el contrato adquirido con el consorcio para su construcción vence en 52 días y aún se reportan obras inconclusas y máquinas en mal estado o sin funcionar, que afectan la operación de la misma.
El diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de un contrato suscrito con el Consorcio CEPS (conformado por la empresa española Aqualia Infraestructura, la griega Aktor Technical Societé y la colombiana Cass Constructores y Compañía).
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Con este proyecto se busca descontaminar el 30% de las aguas residuales que se vierten al Río Bogotá, y al que de acuerdo con el Distrito, hasta el día de hoy se le han invertido $1.3 billones de pesos.
Dentro de las falencias que señala el Distrito se encuentran las deficiencias con equipos y áreas completas desconectadas del sistema monitoreo, automatismo y control (SCADA) de la planta.
La PTAR Salitre no ha entregado los manuales de operación y mantenimiento para poder operar correctamente la planta por procesos y realizar su correspondiente mantenimiento, el 31% de los equipos críticos (de los 90 necesarios y básicos para operar) están por fuera de operación o presentan fallas reiteradas y la obra de infraestructura está incompleta.
"Por orden judicial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado fue obligada a recibir, como si se hubiera cumplido lo contratado y operar la PTAR Salitre, a pesar de que los informes de la interventoría del proyecto y del Banco Mundial, confirman que la PTAR Salitre no cumple con lo establecido en el contrato sobre estándares técnicos y operacionales y sin haber realizado las pruebas de garantía y puesta en servicio acorde con lo establecido en el contrato", aseguró la alcaldesa Claudia López.
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La funcionaria advirtió que si esta planta no funciona adecuadamente y no se entrega en el plazo establecido en el contrato, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos a través de las tarifas de sus facturas de acueducto y alcantarillado, para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento.
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