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El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Javier Martín, confirmó que se abrió investigación disciplinaria a los uniformados que capturaron, de forma irregular, a una funcionaria de Transmilenio que no le permitió la entrada a supuestos policías vestidos de civil.
Reconoció además que el procedimiento fue irregular y no pertenece a las políticas y lineamientos que se imparten en la institución.
Así mismo, resaltó el mal actuar de los uniformados que detuvieron y esposaron a la funcionaria. “Inmediatamente se tuvo conocimiento de los hechos, se procedió a iniciar una investigación a la que se le está dando celeridad para establecer responsabilidades”, sostuvo el oficial.
Indicó también que “están frente a un procedimiento irregular de uniformados que trabajan en el sistema de Transmilenio”.
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El oficial recalcó en que son enfáticos en rechazar el abuso de autoridad, los procedimientos irregulares y el maltrato a la mujer: “Nuestro propósito es fortalecer las relaciones con sectores como Transmilenio y la ciudadanía”.
Los hechos se conocieron a través de un video que circula en redes sociales y que desató una polémica sobre lo que sería un presunto abuso de poder, por parte de la Policía, con una funcionaria en una estación de Transmilenio.
La grabación se registró en la estación de la Avenida Jiménez, centro de la ciudad, hasta donde llegaron varios uniformados de la Policía y procedieron a detener a una trabajadora de la empresa Recaudo Bogotá.
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Según la explicación que da el hombre que grabó los hechos y algunos usuarios en redes, la mujer fue aprehendida porque impidió el libre acceso a la estación y sin pagar pasaje a un uniformado de la Policía que iba junto a otras personas, que al parecer también eran policías, pero estaban de civil.
La negativa de la funcionaria desató un procedimiento policial en el que llegaron varios uniformados a la estación y esposaron a la mujer, le pidieron su cédula y le solicitaron que se quitara los cordones, además de asegurar, como se escucha en el vídeo, que sería conducida a una Unidad Permanente de Justicia (UPJ).
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