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Decenas de habitantes de la localidad de Bosa denunciaron que el alcalde local, Fabián Ramírez, adjudicó en diciembre un contrato por 6.000 millones de pesos para el mantenimiento de la malla vial y la conservación del espacio público, a un contratista que según la Contraloría de Bogotá, está involucrado en un presunto detrimento patrimonial de más de 300 millones de pesos en otra localidad.
Michael González, edil de la localidad, señaló que "lo que más nos llamó la atención fue que la licitación la ganara una persona que ya había participado en otros procesos similares en otra localidad y que presentó hallazgos administrativos por parte de la Contraloría".
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El edil explicó que el informe de la Contraloría de Bogotá señala que el contratista cobró costos que ya estaban contemplados en los estudios previos. "Tenían el tema de vigilancia incluido en los estudios, pero lo volvieron a meter como no previsto, causando un daño patrimonial de más de 300 millones de pesos", aseguró.
González advirtió que esa nueva contratación representa un riesgo para los recursos públicos de Usaquén y alertó sobre la posibilidad de que se repita una situación similar a la de la localidad en la que previamente operó este contratista.
"En la otra localidad, el contrato que tuvo esta persona bajo el consorcio IMEL 30 fue por 20.000 millones de pesos. En este caso, el monto es de 6.000 millones, pero el riesgo de afectaciones al patrimonio sigue presente", explicó.
Otros habitantes cuestionaron la falta de claridad sobre las obras específicas que serán ejecutadas, en el marco del nuevo contrato. "En los estudios previos del contrato no se especifican las zonas a intervenir, solo mencionan que es un monto agotable. Esto quiere decir que las vías priorizadas dependerán del Fondo de Desarrollo Local, lo que genera incertidumbre sobre la correcta ejecución de los recursos", señalaron
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Finalmente, los ciudadanos le hicieron un llamado a los organismos de control y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que supervisen con mayor rigor la contratación en las localidades y eviten que se repitan casos de presunto detrimento patrimonial.
"Pedimos que se ponga la lupa sobre estos contratistas que vienen operando desde administraciones pasadas y que no están cumpliendo con Bogotá. Además, instamos a los entes de control a que realicen auditorías previas para evitar daños patrimoniales y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente", concluyeron los residentes de esa zona de la capital del país.
