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El pasado jueves, cuando las manifestaciones por el Paro Nacional comenzaban a desarrollarse en casi todo el país, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció de manera sorpresiva el “toque de queda” en toda la capital del Valle del Cauca.
¿La razón? Las graves alteraciones de orden público que se estaban registrando en varios sectores de Cali, acompañadas de ataques contra los integrantes de la Fuerza Pública, saqueos a establecimientos comerciales y robos a la población civil.
La medida no pareció calmar la situación puesto que Cali vivió una noche para el olvido. En redes sociales se publicaron centenares de videos que revelaban la grave situación de orden público que vivía la ciudad con la luz de la luna.
Los saqueos continuaron, las agresiones contra los ciudadanos fueron constantes y la poca presencia de la Fuerza Pública para atender estos casos generaron varias críticas por parte de los caleños.
El “toque de queda” también se decretó en el centro histórico de Popayán después que el edificio de la Alcaldía fuera atacado por un grupo de manifestantes. Este viernes, en la segunda jornada de marchas, se anunció esta medida en Facatativá (Cundinamarca) y el municipio de Soacha.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un toque de queda? El artículo segundo de la Constitución Política le otorgó al Estado como fin constitucional tomas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de sus habitantes, así como su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
En la Carta Magna, pese a que no se fijan las herramientas para aplicar este artículo, la legislación colombiana estableció varias medidas para proteger a las personas ante alteraciones al orden público y las inminentes afectaciones a su integridad física.
En las medidas fijadas en los artículos 39 y 99 del decreto 1355 de 1972 se le da el “poder” al Alcalde para que, como “jefe de policía de su jurisdicción” restrinja la libertad de locomoción de las personas para garantizar la seguridad y salubridad pública.
Esta medida, conocida como “toque de queda”, le permite fijar una hora establecida para que los ciudadanos no circulen por las calles de una zona específica del municipio, o si es el caso y se requiere, en todo el territorio.
La medida establece que las personas deben estar dentro de sus lugares de vivienda o establecimientos que permitan el alojamiento en las horas establecidas. De presentarse algún incumplimiento las autoridades pueden retenerlas y trasladarlas al lugar establecido.
La Policía y el Ejército Nacional están facultadas para conducir por algunas horas -en muchas veces 36-a las personas que incumplan la respectiva orden. En estos casos podrán ser trasladadas a sitio de reclusión temporal, como un CAI, una guarnición militar o una Unidad de Reacción Inmediata (URI). En este tiempo se realiza además una verificación de sus antecedentes penales y disciplinarios.
Debido a esto, se genera una ampliación y fortalecimiento del pie de fuerza en las zonas establecidas para hacer cumplir la medida. El incumplimiento del “toque de queda” no fija un procedimiento judicial ni una multa, al menos que la conducta sea repetitiva o sean detenidos cometiendo alguna conducta en contra de la ley.
Casos extremos
En el caso de los periodistas que están realizando un cubrimiento las autoridades no podrán detenerlos de manera inmediata. Los comunicadores tendrán que presentar su respectivo carnet, una certificación del medio o una autorización de la misma Alcaldía o de las autoridades de policía para estar en las calles.
En el caso de las personas que lleguen a la ciudad después de un viaje, deberán presentar su respectivo pase de abordar o certificado. Igualmente deberán dejar una constancia que se dirigen ya sea para sus casas, hoteles u hospedajes. Lo mismo ocurre con las personas que se dirijan al respectivo aeropuerto.
El toque de queda, como se ha visto, es una medida extrema y existen muy pocos registros en Bogotá y en las principales ciudades del país.
