La FM en Google News
El Ministerio Público solicitaba suspender el proceso de licitación tras encontrar una presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública.
Incluso advirtió una posible afectación al patrimonio público de Bogotá con la adjudicación del contrato para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes por un valor cercano de $173.000 millones.
Siete días antes de la audiencia en la que Movilidad Futura 2050 ganó la licitación, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo fue escuchado por la Procuraduría. En esa oportunidad explicó los alcances del sistema de semaforización inteligente de la ciudad.
"El objeto de la reunión fue hacer seguimiento a la suspensión del proceso licitatorio, que a solicitud de la Procuraduría adoptó la administración Distrital hasta el día 21 de diciembre", dijo el Ministerio Público.
"Fue un trámite que contó con una veeduría especial para que todo estuviera en regla, fue un proceso que cumplió con las expectativas del la entidad", sostuvo Bocarejo en su momento.
Bocarejo manifestó que el proceso de adjudicación de la licitación fue trasparente atendiendo los requerimientos de las autoridades como la Procuraduría General.
De acuerdo con los cronogramas frente a la modernización de los más de mil semáforos que tiene al capital de la República, en el primer semestre de 2018 se revisarán las zonas donde se instalarán los dispositivos y en el segundo semestre iniciará su instalación.
La Procuraduría dejó en manos de la Secretaría de Movilidad la responsabilidad de "evaluar los riesgos y contingencias asociadas a las decisiones que adopten sobre el futuro de la licitación y reiteró la competencia de las autoridades administrativas, en este caso la Secretaría de Movilidad, para decidir la suerte del proceso licitatorio".
Aunque el Ministerio Publico señaló que agotó el objeto de la solicitud de suspensión, dijo que la investigación disciplinaria contra Bocarejo continúa su curso. La medida también cobija Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.
