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Lorena Bermúdez, representante de la empresa Mundial de Repuestos Colombia ubicada en Bogotá, denunció que fue hackeado su sistema de comunicaciones telefónicas para realizar llamadas internacionales, por lo que la factura del servicio llegó con un cobro de 160 millones de pesos.
La mujer indicó que desde la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) reconocieron la situación pero a pesar de esto insisten en el cobro de la factura en mención, lo que dejaría a su empresa mal económicamente y en riesgo de quiebra.
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"Por este contrato pagamos un cargo fijo mensual de menos de $400.000 pero en el mes de diciembre recibimos una factura por 160 millones de pesos y en el mes de enero otra por dos millones y medio", relató la mujer en medio de su denuncia.
Agregó que "hicimos la reclamación ante ETB y ellos ya reconocieron la existencia del hackeo, así como registran en sus sistemas los consumos atípicos. Sin embargo, ya se ratificaron tres veces sobre el cobro de los mismos. Es más, nos propusieron un acuerdo de pago", señaló.
La representante de la empresa Mundial de Repuestos señaló que "nosotros somos empresarios que hemos sufrido las consecuencias de la covid-19 como toda pyme y aún así nos hemos mantenido con la nómina completa gracias a muchos esfuerzos, pero un abuso como el que está haciendo ETB en este momento nos destrozaría y llevaría a la quiebra", sentenció.
Al respecto, ETB explicó que fue identificado un "tráfico atípico de llamadas internacionales", por lo que se debió realizar un procedimiento de control de fraude.
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Indicó, además, que no puede asumir el pago de la factura porque incurriría en detrimento patrimonial.
"Como proveedor del servicio de telecomunicaciones, ETB ya debió pagar al proveedor internacional por el tráfico de las llamadas que alcanzaron a realizarse", aseguró la empresa mediante un comunicado.
"ETB podría incurrir en un detrimento patrimonial de los bogotanos al asumir o condonar el valor de las llamadas realizadas, pues nuestra compañía es de capital mixto y naturaleza especial que responde ante sus accionistas, cuyo principal es el Distrito capital y por ende, la ciudad de Bogotá", señaló.
La empresa puntualizó que por estas razones se buscan alternativas legales y económicas para obtener una solución. El caso está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio cuyo pronunciamiento será determinante.
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