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En ese documento, el organismo de control establece que el error de la administración Petro fue bajar la tarifa de transporte de manera general en todo el sistema de transporte y no de manera diferencial en sectores vulnerables de Bogotá. La sanción se estableció en más de 217 mil millones de pesos.
"El espíritu del Plan de Desarrollo Bogotá Humana estaba dirigido a beneficiar en los diferentes proyectos prioritarios, entre los que se encuentra el mejoramiento de la accesibilidad financiera al transporte público, a la población más vulnerable, a los pobres. Lo anterior está en discusión, la misma Constitución Política contiene sus excepciones al respecto; es decir, les brinda un tratamiento especial para este grupo poblacional, pero no en forma general a toda la población".
La medida que Petro adoptó en agosto de 2012 funcionaba a través de un esquema de franjas horarias: en hora pico se redujo 50 pesos y 350 en hora valle.
"Nos permite concluir que la administración no puede, mediante decreto, establecer subsidios generalizados a los usuarios de Sistema Masivo de Transporte publico de la Ciudad".
En el proceso de investigación la Contraloría de Bogotá recopiló 42 pruebas, dentro de estas, varias visitas técnicas a Transmilenio, estudios técnicos y económicos sobre la fijación de la tarifa de Transmilenio, actas de visita a la Secretaría General de la Alcaldía, documentos sobre relación de pagos y soportes de registros contables de Transmilenio de la Secretaría de Hacienda.
"Ninguna de las ramas y órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado".
La sanción no solamente es en contra del exalcalde de Bogotá, la exsecretaria de movilidad Ana Luisa Flechas, con 75 mil millones de pesos, el exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, con 129 mil millones de pesos; sino también contra el subgerente económico de Transmilenio Libardo Yonod Márquez Aldana, con 129 mil millones de pesos; la compañía aseguradora La Previsora S.A Compañía de Seguros, por 5 mil millones de pesos y la aseguradora QBE Seguros S.A, con 600 millones de pesos.
