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Miguel Uribe Turbay, secretario de gobierno del Distrito, habló con LA FM del complejo panorama que hay en Bogotá por las basuras en las calles. El funcionario recordó que el proceso de licitación anterior fue considerado ilegal por parte de un juez, al tiempo que señaló que hay un saboteo político que implica no dejar que algunos camiones trabajen.
"Tenemos las fotos y los videos de cómo pinchan los camiones. Evidentemente estamos bajo un saboteo, han querido asimilar estas dificultades con lo que sucedió hace cinco años con la administración de Gustavo Petro. Hace cinco años puso a Bogotá en una emergencia sanitaria debido su improvisación y negligencia, decisiones ilegales de acuerdo a un juez, señaló.
Escuche a Miguel Uribe, secretario de gobierno del Distrito
Al margen de sus declaraciones, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se pronunció a través de su cuenta en Twitter. "La anterior administración contrató ilegalmente la recolección de basuras con la empresa pública Aguas de Bogotá. Como consecuencia de eso, la ciudad, con recursos de los bogotanos, tuvo que pagar multas por $95.000 millones a la Superintendencia de Industria y Comercio".
En otro mensaje, Peñalosa señaló: "La caprichosa e ilegal decisión de la anterior administración de adjudicar a dedo el mercado de aseo en Bogotá a Aguas de Bogotá llevó a que la Alcaldía pagara multas de $ 95.000 millones con dinero de los bogotanos. Gracias a los contratos que conseguimos con la nueva licitación, que comienzan febrero 12, la ciudad estará más limpia y la tarifa de aseo se reducirá en un 10% en promedio para los ciudadanos. Esa es la verdad. No se dejen engañar".
En otros mensaje aseveró: "Hemos avanzado mucho en la superación de la emergencia en basuras causada por el sabotaje y el vandalismo de algunos trabajadores de Aguas de Bogotá. Subsisten problemas especialmente en Engativá y Barrios Unidos. Pido por favor paciencia a los ciudadanos. Estamos cumpliendo el plan de contingencia para atender la crisis en la recolección de basuras causada por el sabotaje y el vandalismo de algunos líderes sindicales y trabajadores de Aguas de Bogotá. Pido paciencia a los ciudadanos unos días más".
Procuraduría pide informe
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en dos días presente un informe de las acciones adoptadas para evitar que la ciudad se vea inmersa en una problemática social, ambiental y económica, por la situación que se viene presentando con los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá.
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó a la alcaldía a brindar respuestas concretas sobre lo que se ha estado haciendo "para reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos causados por la deficiente operación del servicio de recolección de basuras; lo cual a su vez está generando alteración de la calidad del aire, del suelo, y grandes situaciones sociales y de orden público".
Para el ente de control, la declaratoria de 'Emergencia Sanitaria y el Estado de Prevención Ambiental o Alerta Amarilla en Bogotá', Decreto 069/2018, no exime de responsabilidad al Distrito Capital de garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar la "proliferación de olores ofensivos, cambio de la calidad de visual del paisaje urbano, alteración de las características físico químicas de las fuentes receptoras de vertimientos de lluvias, y posibles afectaciones de los ecosistemas".
Mesas de trabajo
La Procuraría General de la Nación instó y citó a las partes para que en las próximas horas se sienten de manera urgente en una mesa de trabajo y definan una solución que respete el derecho al trabajo, la dignidad humana, la estabilidad reforzada y todas las medidas que impliquen el bienestar de los trabajadores cesantes.
El ente de control ha acompañado las mesas de trabajo lideradas por la Personería Distrital en relación con la situación laboral de 3.200 trabajadores y la imposibilidad de seguir prestando el servicio, según lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Bogotá.
Se convocó a los nuevos operadores con el fin de buscar posibles alternativas de vinculación laboral y atender los reclamando frente a una presunta vulneración al derecho al trabajo, la protección laboral y el mínimo vital, y se encontró que 2.900 plazas se ajustan a los perfiles de la población cesante.
La Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente ha estado presente en 5 sesiones de trabajo en procura de hallar soluciones viables para las partes. En las mesas también han participado funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la Dirección Territorial Bogotá, entre otros.
Daniel Mejía, secretario de seguridad del Distrito, publicó este video dando cuenta de supuestos actos de sabotaje con los vehículos de basura que sí quieren trabajar
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