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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años, al actual secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, debido a las presuntas irregularidades en los contratos de semaforización inteligente en la capital del país.
A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría indicó que esta sanción también cobijó a la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo.
Se trata de un fallo en primera instancia, en el que el Ministerio Público señaló que Bocarejo no garantizó los principios de contratación estatal.
De acuerdo a la Procuraduría, las acciones de Secretaría de Movilidad habrían derivado en un riesgo patrimonial, ya que no se destinó la utilización de 535 controladores semafóricos con los que contaba la ciudad y que eran compatibles con nuevas tecnologías, los cuales tienen un valor de $13.912 millones.
Esto quiere decir que, de acuerdo a la entidad, Movilidad contrató la compra de nuevos controladores pese a ya tener dichos elementos, los cuales podrían no ser utilizados y quedarían almacenados sin aprovechar su vida útil.
Cabe mencionar que el pasado mes de octubre de 2018, la Alcaldía Mayor de Bogotá tomó la decisión de suspender el contrato con el que se pretendía modernizar el sistema de semáforos en la ciudad, tras los recientes escándalos que rodearon la puesta en marcha del proyecto y que involucran al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
La decisión se tomó después que se conociera que la Procuraduría no emitió el documento que utilizó el Distrito para reactivar el proceso de instalación de semáforos inteligentes en Bogotá, por lo que este sería falso. Ante la supuesta ilegalidad del trámite se debería revertir el acta de inicio de las obras, que fue firmado el pasado 31 de agosto.
En aquel momento, el secretario Bocarejo se pronunció al respecto explicando que "hemos solicitado a los contratistas que suspendamos el contrato para analizar las consecuencias jurídicas que implica el documento falso".
Agregó que "estamos a la espera de la respuesta de los contratistas porque este tema de la suspensión tiene que ser acordado, no puede ser unilateral por parte de la Secretaría de Movilidad".
