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Miguel Uribe, Secretario de Gobierno de Bogotá, aseguró que la decisión de intervenir esta comunidad, según él ilegal, se dio luego de reiteradas denuncias de inseguridad por parte de los habitantes del sector.
"Tenemos registro de tres homicidios en los últimos tres meses, además de denuncias sobre incremento de microtráfico y otros casos de inseguridad, por lo que se hizo necesario el desalojo", dijo el funcionario.
1.500 personas fueron desalojadas de estos predios, en los cuales el Distrito indicó ya se habían realizado varias intervenciones de carácter social, con el fin de ofrecerles alternativas a las familias que también afectaron los jarillones del río Bogotá.
"Aquí tenemos unos puntos de contención para evitar desastres en caso de que se presentaran crecientes súbitas por las fuertes lluvias, estas personas estaban rompiendo los jarillones para obtener materiales de construcción de sus casas", dijo Miguel Uribe.
Durante los operativos de desalojo se registraron algunos enfrentamientos entre el ESMAD y la comunidad, que denunció abuso de autoridad por parte de los uniformados, que incluso tuvieron que usar gases lacrimógenos.
"Ellos no respetaron a nadie, habían mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y bebés de brazos; a todos se los llevaron por delante (...) hay jóvenes heridos y la zozobra de salir de aquí sin tener un lugar a donde irnos", dijo una de las mujeres desalojadas.
Aunque inicialmente de habló de una persona muerta por estos desalojos, las autoridades desmintieron el hecho, aunque se pudo confirmar por lo menos cinco personas heridas durante estos operativos en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá.
