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El concejal de Bogotá Rolando González acusó a la Alcaldía de la ciudad de ejecutar un contrato 'a dedo' para la recolección de residuos mixtos (construcción y demolición), que estaría generando sobrecostos.
En medio de un debate de control político, González señaló que el pasado 31 de diciembre se firmó un contrato entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y Aguas Bogotá por más de $4.000 millones, cuando el contrato anterior tenía un costo aproximado de $2.900 millones.
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"El contrato fue firmado por un valor de $4.590 millones para el manejo de esos residuos. No sé si la Uaesp pretende que esto pase de agache pero resulta muy grave, ya que en marzo pasado se firmó con el mismo operador, las mismas actividades y el mismo periodo, un contrato por $2.867 millones menos", dijo.
El concejal agregó que "adicionalmente, encontramos que el manejo de estos residuos mixtos se lleva a cabo en un predio en Ciudad Bolívar en donde al parecer hay un mal uso del suelo y también afectación al recurso forestal, por lo que ya cursa un proceso sancionatorio".
Por su parte, la administración distrital le salió al paso al concejal a través de un comunicado, en el que indicó que los contratos que el político está comparando no son iguales puesto que tienen obligaciones distintas y las cifras de los pagos estarán relacionadas con la cantidad de residuos que se manejen en procesos diferentes.
"No es cierto como se ha afirmado, que el convenio interadministrativo firmado con la empresa pública Aguas de Bogotá haya tenido un aumento desproporcionado en su presupuesto, para realizarse las mismas tareas que se llevaron a cabo durante la vigencia 2020", respondió la Uaesp.
Esa entidad agregó que "el contrato firmado el año pasado contenía unas obligaciones diferentes al actual, en el que por ejemplo, se estipuló que el pago que se realice a Aguas de Bogotá estará supeditado al total de toneladas de residuos de RPCC que reciba y trate, con el objetivo de generar materiales aprovechables".
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La Uaesp también indicó que "la contratación para la operación del Punto Limpio no se hizo “a dedo” como se ha señalado, puesto que se trata de un convenio interadministrativo realizado entre dos entidades del Distrito; lo cual está bajo el marco de la ley".
La denuncia se dio a conocer en días en medio de un debate de control político que realizaron las distintas bancadas del Concejo de Bogotá, en donde pidieron explicaciones a la administración distrital sobre el manejo de la pandemia por la covid-19 y en el que también participaron entes de control.
