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El alto tribunal hizo este pronunciamiento al revisar los incumplimientos por parte del Distrito durante 14 años de las órdenes impartidas, para reubicación y alternativas de vendedores ambulantes en condiciones dignas.
“En este caso, la Sala encuentra que esas órdenes no se han cumplido cabalmente, de lo que es clara muestra el número de casos que esta Corporación ha tenido que fallar con problemas jurídicos idénticos, a lo largo de los últimos años. Con ello, se ha mantenido la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados”, señala la sentencia.
Para la Corte, la protección de los derechos de los vendedores desde el año 2003 se viene registrando pero la administración de Bogotá no ha desarrollado una política que contenga la inclusión de trabajadores informales en zonas ubicadas que garantice su actividad económica.
Asimismo, la Corte Constitucional advirtió que es necesario revisar los procedimientos policivos en los cuales se amparan las acciones para proteger los bienes públicos, sin que se tengan en cuenta la dependencia de quienes se dedican a este comercio informal.
“No encuentra la Sala cómo puede el Estado amparar el uso de la fuerza policiva sin advertencia y sin la puesta en marcha de propuestas productivas en los términos en que así lo ha requerido la jurisprudencia”, advierte la Corte Constitucional.
El alto tribunal consideró que es necesario que la administración Distrital verifique las distintas situaciones de los vendedores ambulantes, su entorno económico, familiar y las condiciones de las madres cabeza de familia que dependen de este tipo de actividades.
Por ello le dio 10 días hábiles para que desarrollen este tipo de análisis y brinden las alternativas socioeconómicas que se han delimitado en diferentes sentencias de la Corte Constitucional que amparó los derechos de esta población.
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