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Fuertes criticas recibió la empresa operadora del Relleno sanitario de Doña Juana CGR, la cual demandó ante el tribunal de Arbitramento de la ciudad a la Alcaldía de Bogotá, por un monto de 1.2 billones de pesos, en compensación por lo que ellos llaman el no reconocimiento del trabajo realizado desde el 2010, año en el que iniciaron a operar el relleno sanitario más importante de Bogotá.
Al debate asistió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quienes en sus intervenciones dejaron claro que la ciudad no puede pagarle más dinero a esta empresa que tiene 24 procesos sancionatorios por incumplimiento del contrato y contaminación ambiental.
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La alcaldesa insistió que mientras esté al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pagará un peso a los contratistas "incumplidos". “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un sólo peso más a un contratista que lo único que ha hecho es mentir y dilatar el proceso que ya habían perdido contra el Distrito", comentó López.
Según los senadores citantes, Inti Asprilla y Andrea Padilla, CGR no ha cumplido con el proceso de manejo de gases efecto invernadero, así como los lixiviados en la plata de tratamiento.
Según las denuncias, la empresa aumentó diez veces el costo del servicio de manejo de residuos para poder invertir en el programa de manejo de los químicos, algo que según cifras que entregó Asprilla, cumplen anualmente en un 9%.
La empresa contratista pide una suma de 1.2 billones de pesos y la extensión del contrato que tiene actualmente con el Distrito para seguir manejando el relleno, el cual para la Alcaldía debería llegar a su fin y transformarse en un parque de manejo de residuos.
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"Los señores de CGR deben saber que Bogotá tienen alcaldesa, que tiene concejales y que tiene congresistas, y que tiene un gobierno local y nacional que están dispuestos a defender los derechos de los ciudadanos y sus bolsillos”, agregó la alcaldesa.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, comentó que "esto es un negocio para el señor operador, pero no para la ciudad, porque no ha respetado los derechos ambientales de los ciudadanos, por eso haremos un seguimiento sistemático de los 24 procesos sancionatorios”.
En ese mismo sentido, confirmó que el Ministerio de Ambiente enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en doña Juana.
“Las autoridades ambientales no nos vamos a quedar observando cómo se viola flagrantemente ente la norma ambiental y cómo se pone en riesgo el ambiente”, añadió la ministra.
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