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Tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía General, un juez de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión domiciliaria al patrullero de la Policía Metropolitana, José Luis Púa por su responsabilidad en la muerte del estudiante de la Universidad Nacional, Andrés Camilo Ortiz Jiménez en hechos registrados el 15 de junio de 2018.
En el documento avalado por el juez, el uniformado reconoció su responsabilidad en el delito de homicidio, situación que le valió una rebaja en la sentencia. El patrullero le había disparado al joven de 19 años después de evitar que se colara en la estación de TransMilenio de la calle 142.
En la investigación se determinó que el joven intentó colarse con un grupo de amigos. Sin embargo, ante la presencia del uniformado salieron corriendo hasta llegar a la otra calle. Sin embargo, en ese momento se dieron cuenta que el patrullero los estaba persiguiendo situación por la cual decidieron tomar un taxi para salir del lugar.
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Tras detener un vehículo, el policía apareció y tras amenazarlos con su arma de fuego le disparó a Ortiz Jiménez quien falleció en el lugar de los hechos. En el desarrollo de la indagación los testigos aseguraron que la escena fue manipulada por el mismo patrullero.
Después de conocerse la decisión del juez, los familiares de la víctima cuestionaron la actuación de la Fiscalía General indicando que siempre se buscó proteger al procesado, otorgándole varios beneficios judiciales sin tener en cuenta la gravedad de su conducta.
En este sentido consideraron que la sentencia de 10 años de prisión es muy baja teniendo en cuenta la sevicia de su actuar y el hecho que intentó obstruir la investigación. El abogado Alejandro Cadena cuestionó que desde la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía solicitará una medida no privativa de la libertad.
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“Es el primer caso de imputación de homicidio doloso agravado por un disparo en el que la Fiscalía solicita medida no privativa de la libertad, por lo que al representante de víctimas le tocó pedir una medida privativa”, señaló el abogado al manifestar que existió una omisión frente a la gravedad de los hechos. “Es la vida de una persona”.
Igualmente cuestionó que el ente investigador justificara en parte la conducta del procesado con “un exceso del cumplimiento de un deber legal”, sin tener en cuenta que el patrullero le disparó a un grupo de personas que estaban en situación de indefensión.
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