Después de que los representantes estudiantiles se levantaran de la mesa de trabajo instaurada con el Gobierno Nacional, se convocó a una nueva marcha en pro de un mejor presupuesto para las universidades públicas.
Estejueves 8 de noviembre, miles de estudiantes se volcaron a las calles para pedir garantías económicas que permitan el buen funcionamiento de las instituciones.
Así se vivieron las marchas estudiantiles por diferentes puntos de la capital, en las principales vías de Bogotá, como son la NQSy la avenida Caracas:
Existieron movilizaciones se produjeron en la noche, como es el caso de los universitarios que se desplazaban por en la calle 100 con autopista norteCrédito: RCN RadioAsí se vio la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional en la NQS con calle 75Crédito: RCN RadioLos estudiantes de la Universidad Nacional se movilizaron por la NQS en sentido sur- norteCrédito: RCN Radio
Estas es la pancarta que levaban los estudiantes que se movilizaban por la Caracas en sentido norte-surCrédito: RCN RadioAsí fue la aglomeración de estudiantes en cercanías a la estación de El CampínCrédito: RCN RadioEstudiantes a paso por una de las estaciones de Transmilenio saludan a los usuarios de los articuladosCrédito: Colprensa
Los estudiantes expresaron su descontento frente al presupuesto para las universidades públicas en el 2019 con expresiones artísticas.Crédito: RCN RadioComparsas adornaban las manifestaciones de los estudiantes entre las estaciones de Transmilenio de la Universidad Nacional y El CampínCrédito: ColprensaAlgunos estudiantes piden una adición presupuestal a las universidades de 15.000 millones de pesosCrédito: Colprensa
El representante a la Cámara Daniel Briceño presentó una iniciativa legislativa que plantea modificar los procedimientos actuales para la recuperación de vehículos inmovilizados.
La víctima fue identificada como María Mercedes Ortiz Carvajal, una mujer de 42 años natural del municipio de Mistrató (Risaralda). Ella había llegado a Caldas con la custodia de dos menores de edad que quedaron en manos de una comisaría de familia
La intervención preventiva del Ministerio Público busca verificar que el proyecto, financiado con $786.000 millones de recursos públicos, cumpla con todos los requisitos legales antes de iniciar el proceso contractual.