Adjudican operadores de centros que atienden a personas con discapacidad

El proceso levantó polémica por supuestos cierres hechos por el Distrito.
Se adjudicaron los Centros Avanzar en Bogotá
Crédito: Secretaría de Integración Social

La Secretaría de Integración Social dio a conocer que se adjudicó a cinco entidades sin ánimo de lucro la operación de los Centros Avanzar del Distrito, en los que se brinda atención a población en condición de discapacidad múltiple cognitiva, que en ocasiones afecta la movilidad.

Son 190 cupos de cobertura los que fueron contratados en 9 localidades de la ciudad: Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. La operación de estos centros se iniciará en agosto de este año.

Según el Distrito, para las demás localidades habrá un proceso de licitación nuevo, con lo que se busca garantizar una cobertura total en toda la ciudad.

De igual forma, informó que un Centro Avanzar no fue contratado porque la licitación fue declarada desierta luego de que solo un proponente se postulara, el cual no cumplió con las especificaciones técnicas de planta física.

Los centros de atención hacen parte del proyecto 'Para una ciudad incluyente' de la Secretaría de Integración Social, que pretende atender a niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple asociada a problemas cognitivos o autismo.

La contratación de estos centros estaba bajo la lupa de la Personería Distrital. Según la personera Carmen Teresa Castañeda, actualmente se encuentran en funcionamiento tres Centros Avanzar, ya que el resto se habían cerrado hace unos mesas al terminar los contratos anteriores. La funcionaria asegura que el Distrito no tuvo en cuenta la entrada en vigencia de la ley de garantías, paralizando los procesos contractuales.

Por este motivo, los menores fueron trasladados a los Centros Crecer, que se enfocan en atender población con discapacidad cognitiva moderada, y que no cuentan con los equipos y profesionales especializados necesarios para acoger otro tipo de discapacidad.

Hasta el momento, sigue en pie la veeduría ordenada por la Personería con la que se busca establecer las causas de los cierres, ya que se habrían violado los derechos fundamentales de los menores


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