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En la acción judicial, el concejal solicita que el Tribunal Superior de Bogotá ampare los derechos fundamentales a ser elegido, al debido proceso y a la representación efectiva de los Bogotanos.
De igual forma, el concejal Ramírez explicó que si bien en nuestro ordenamiento se establecen garantías para el ejercicio de la revocatoria, como un mecanismo que eventualmente puede relevar la democracia, no es razonable para la misma que se legitimen revocatorias de mandato que no se soportan en medios de prueba, sino en "argucias".
En el escrito se argumenta que "el hecho que la Registraduría Nacional del Estado Civil considerara improcedente los recursos de reposición y en subsidio de apelación que presentó el Alcalde Peñalosa constituyen una vulneración del núcleo esencial del debido proceso, puesto que dicho acto administrativo tiene un carácter definitivo y no de mérito como sostiene la Registraduría".
En el fundamento jurídico de la coadyuvancia el concejal Ramírez también considera que el Consejo Nacional Electoral no ha expedido el acto administrativo que señala el procedimiento en el que se debe basar la Registraduría para realizar la verificación de apoyo ciudadano a una propuesta de mecanismos de participación, por lo cual se evidencia que el debido proceso del alcalde sí fue vulnerado.
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