La FM en Google News
Una revisión con lupa de la Contraloría descubrió que en solo cuatro meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad.
Esto, según la entidad, puede llegar a configurar un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo.
"La situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado", señala el organismo.
Según la Contraloría, antes la USPEC solo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrara instalado en la humanidad del beneficiario.
Sin embargo, ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del Inpec y la empresa contratista.
Recursos
La Contraloría recordó que la USPEC argumentó que era necesario un periodo de transición de 4 a 6 meses para el cambio de proveedor, pero se pudo constatar que "en la última selección de contratista, adelantada por operación de mercado abierto, la entidad no programó recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio de vigilancia electrónica durante el cambio de operador" .
Por tal razón la USPEC autorizó la adición de $3.349,7 millones a la operación ya adjudicada, cuyo destino final fue el pago de monitoreo al anterior operador.
La Contraloría reveló que a pesar de las reuniones entre representantes de la USPEC y el INPEC para la definición de los requerimientos para el servicio de vigilancia electrónica, "una vez adjudicada la nueva negociación se efectuaron cambios a las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa".
Monitoreo
Por otra parte, debido a que los pagos al anterior operador fueron hechos por el actual contratista con recursos dirigidos a la prestación del servicio a su cargo, la Contraloría logró establecer el pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo, por un monto de $21 millones.
Esta situación, indicó el organismo, será materia de análisis en el curso de un proceso de responsabilidad fiscal.
