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Una empleada de la planta temporal de la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia de las regalías, denunció que se avecina un recorte de al menos 100 personas de las 360 que operan en esta unidad, debido al recorte de presupuesto para el pago de estos contratistas.
La fuente, que no quiso entregar su nombre, afirmó que se han presentado además retrasos en el pago de los salarios a estos trabajadores.
"El sueldo de diciembre nos lo pagaron hasta finales del mes pasado, y nos dijeron que el de febrero lo pagarán en marzo, por lo que estamos colgados en nuestros compromisos, como créditos, servicios públicos y pensiones escolares, entre otros", explicó la denunciante.
Anunció que de no arreglarse esta situación laboral, realizarán en próximos días un plantón en protesta por estas eventualidades.
Por su parte, fuentes de la Contraloría indicaron que las partidas para el pago de los sueldos de estos contratistas corren por cuenta del Ministerio de Hacienda, por lo que en este tema presupuestal el organismo de control no es el responsable del caso.
Las fuentes confirmaron que ante el recorte en el presupuesto de la Contraloría, el dinero para el pago de estas personas quedó en el limbo y por lo tanto no hay los recursos suficientes para esta obligación.
Indicaron que no es cierto que se vaya a sacar a 100 personas, pero sí se presentaría un recorte de este personal, que según el decreto 2190 de 2016, "son de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y dependencia a los cuales pertenezcan".
En noviembre, la Contraloría denunció que el recorte en el presupuesto de la entidad para 2017, tendría efectos en la actual planta de personal, en especial de los empleados temporales.
La contralora delegada, Gloria Alonso, dijo que en aquel entonces "los recursos de funcionamiento de la Contraloría ascienden a 56 mil millones de pesos, pero una sentencia de la Corte Constitucional le recordó a la Contraloría que no puede suprimir la planta temporal de empleados. Hoy en día la Contraloría, por cuenta de este mandato constitucional, está en dificultades para atender sus gastos de funcionamiento".
Indicó por tanto que "la solicitud concreta del Contralor es que si no hay forma que se adicionen los $54 mil millones para cumplir ese mandato, se busquen mecanismos para que el organismo pueda, de manera legal, reducir su planta".
